Eduardo Mendieta/Monterrey
El gobierno de Nuevo León asumió el control de la seguridad de Monterrey debido al vacío de poderes y la tardanza del Congreso local para elegir al concejo municipal, informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
“Debido a este vacío que existe de seguridad en Monterrey se determinó que el estado asuma el mando de la Policía Municipal”, explicó el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Bernardo González Garza, Rodríguez Calderón dijo que la declaratoria del control se publicará en el Periódico Oficial del estado y tendrá vigencia hasta por 60 días, pero que ésta será prorrogable si la situación en Monterrey persiste.
Señaló que la decisión se tomó con base en las facultades que le otorga la Constitución, a fin de evitar cualquier riesgo de alteración grave del orden público en el municipio.
Actualmente en Monterrey se busca evitar riesgos en el llenado de los informes policiales homologados y no existe el orden directo de mando de la Policía municipal ante la falta de un alcalde, figura que por ahora encabeza Genaro García de la Garza, secretario del ayuntamiento.
“No tiene que haber ninguna solicitud, es una facultad que el estado tiene en tanto resuelven el tema del Concejo Municipal”. Por ello, el estado asume de manera inmediata la facultad de emitir órdenes a la Policía Municipal de Monterrey mediante la Secretaría de Seguridad Pública, manifestó.
Agregó: “Respetamos la decisión que el Congreso tenga que dar, en el tiempo que tenga que decidirlo, pero no creemos que sea adecuado esperar más tiempo. Por eso tomé la decisión, dado que no tenemos con quién coordinarnos en el municipio de Monterrey y nosotros tenemos que seguir con la estrategia de seguridad”.
Rodríguez Calderón aclaró que no se trata de una emergencia, sino de tomar una alternativa por no contar con una autoridad legalmente constituida en la capital que permita una adecuada coordinación.
“No hay riesgo en el tema de seguridad ahorita… Existe el riesgo jurídico y existe el riesgo administrativo que no queremos que por falta de mando de la autoridad constituida se detenga el servicio a los ciudadanos.
”No se trata de una emergencia que a los ciudadanos les complique la existencia. No. Estamos tomando esta decisión por esta emergencia administrativa y de mando”, reiteró el mandatario estatal.
Milenio Diario
