Daniel Venegas/México
La información proporcionada al equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sobre el impacto urbano para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), resultó “insuficiente y deficiente”.
Así lo indica un análisis contenido en el paquete de documentos puesto a disposición de la gente para que conozca el tema y participe en la consulta para decidir si se continua la obra o se opta por la terminal de Santa Lucía.
El informe “Análisis de la respuesta de SCT/Sedatu en materia de impacto urbano”, elaborado por Román Meyer, eventual titular de la Sedatu, la información aportada por la dependencia “resulta insuficiente y deficiente para determinar de forma integral el impacto urbano en la zona del NAIM”.
Por ello, solicita una serie de documentos adicionales, entre estudios, metodologías, bases de datos, planes de concertación social, acciones en materia de justicia agraria, planes de mitigación, estudios de valor de las propiedades y movimientos de títulos de propiedad.
Meyer, quien es especialista en materia de prevención del delito, mejora del espacio público y arquitecto egresado del Tec de Monterrey, con una maestría en Gestión Urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña, afirma que con la información disponible “los impactos urbanos parecen estar subestimados, por lo que puede afectar el análisis de costo-beneficio del proyecto”.
En la consideraciones finales, explica que se requiere información actualizada de los planes de desarrollo de cada municipio y, en el caso ejidal, información detallada sobre los conflictos.
Además, recomienda al equipo de Javier Jiménez Espriú, designado como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, solicitar a la actual administración los planes de mitigación y los costos asociados en materia de obras terminadas, en proceso y por licitar en la siguiente gestión.
El análisis detalla que la información de crecimiento poblacional entregada por las autoridades considera impactos por el NAIM en los municipios de Acolman, Atenco, Chiautla, Chinconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca, si se compara con la línea base hecha por el Consejo Nacional de Población.
De acuerdo con las autoridades, la tasa de crecimiento medio anual de la población de esa región pasará de 1.65 por ciento a 5 por ciento, pero no explica la metodología aplicada para llegar a tal conclusión, “por lo que no parece lógico que converjan a una tasa debido al proyecto”.
Señala también que la repuesta es poco satisfactoria, pues no prevé ningún crecimiento distinto a lo previsto en el escenario base en Chimalhuacán, Ecatepec y Neza, que están en el radio de influencia directa del aeropuerto.
Aún más, indica que “no es creíble que el proyecto no tenga ningún impacto (positivo o negativo) sobre el crecimiento (o decrecimiento) poblacional en alcaldías de la CdMx aledañas al proyecto. Al parecer la Sedatu prevé únicamente crecimiento del lado oriente, es decir, espera una distribución sesgada de la absorción de población”.
El documento señala que tampoco se explica los impactos de crecimiento poblacional en las delegaciones por donde pasará el sistema de transporte y de conectividad para el nuevo aeropuerto, por el cambo de uso de suelo en la zona donde se ubica el actual puerto aéreo.
En lo referente a los planes de desarrollo urbano, aseguró que si bien la Sedatu utilizó análisis de planes de desarrollo de los municipios del Estado de México ya mencionados para determinar su capacidad para recibir nueva población, estos datan de al menos nueve años y en el caso de Texcoco, 14.
Advierte que es necesario un análisis sobre los efectos del aeropuerto al valor de las propiedades por el ruido provocado.
Detalla que la Sedatu tampoco habla sobre la demanda de servicios de salud, educación, alcantarillado e infraestructura social, e indica que “estudios a los que hemos tenido acceso” calculan una inversión para la zona por 31.2 mil millones de pesos y pide que se informe si esto ya fue considerado.
En el caso de Atenco y Texcoco, el documento precisa que “existen amplias extensiones de tierras ejidales, que implica una atención especial, además de que se requerirá la intervención de autoridades agrarias”.
Milenio Diario