Tiene un arma ilícita uno de cada 10 mexicanos

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Una auditoría a la Cuenta Pública de 2017 en materia de seguridad revela que en el país hay 13 millones de esos artefactos; en 2004 había solo 298 mil  

En México existen 13 millones de armas ilícitas, lo que equivale a una por cada 10 mexicanos, de acuerdo con las cifras contenidas en una auditoría de la Cuenta Pública 2017 sobre el cumplimiento de convenios internacionales en materia de seguridad, que cita como referencia a la organización Gun Policy.
La auditoría 2017-0-04100-07-0013-2018 señala que en 10 años México se volvió cada vez más violento, ya que “mientras en 2008 se encontraba por encima de la media, en 2018 se ubicó a 23 posiciones del país más violento del mundo” que es Siria, según el Índice de Paz Global.
Respecto de la situación de México en términos del comercio o tráfico de armas ilícitas, se revisaron las cifras de la organización Gun Policy, en cuyo análisis —que es respaldado por el Servicio Fiduciario de Apoyo a la Cooperación para la Regulación de los Armamentos de las Naciones Unidas (UNSCAR, por sus siglas en inglés)— se identificó lo siguiente:
Durante el periodo 2004-2017, el número estimado de armas ilícitas en México registró una tasa media anual de crecimiento de 34.2 por ciento, al pasar de 298 mil 864 armas en 2004 a 13 millones 690 mil 408 armas en 2017, que se convirtió en el año con mayor número de armas ilícitas en territorio nacional.
Dichas cifras, de acuerdo con Gun Policy, están basadas en “consideraciones de expertos”.
Lo anterior evidencia que aun cuando el Estado mexicano ha promovido la atención a este problema y ha fortalecido la cooperación internacional mediante la suscripción de tratados, estas acciones no han sido suficientes, ya que el problema se agravó durante los años recientes.
En términos generales, la ASF considera que “si bien las condiciones de seguridad pública en el país no son imputables al cumplimiento de los tratados internacionales, la falta de coordinación entre las entidades fiscalizadas en cuanto a la política exterior limita su contribución al cumplimiento de los objetivos en términos de la seguridad pública”.

Tratados vigentes
La auditoría —que tuvo como objetivo fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los tratados internacionales en materia de seguridad pública, a fin de contribuir a mejorar sus condiciones— señala que a 2017 se encontraron vigentes 185 tratados en materia de seguridad pública, de los cuales 179 (96.8 por ciento) son de cumplimiento continuo y de activación de los que no fue posible constatar el cumplimiento de 17.9 por ciento (32).
De éstos, 13 (40.6 por ciento) estuvieron a cargo de la Secretaría de Gobernación y 19 (59.4 por ciento) compartieron responsabilidades esta dependencia, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social,  la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.
Señala que dentro de estos tratados se destacan los relacionados con comercialización de armas, delincuencia organizada y terrorismo, narcóticos, drogas, sustancias psicotrópicas y narcotráfico, “lo que denota falta de coordinación entre las entidades fiscalizadas para contar con información y dar seguimiento a los compromisos asumidos en los tratados internacionales, limitando su contribución a mejorar las condiciones de seguridad pública en el país, las cuales no fueron favorables durante el bienio 2017-2018”.
El dictamen de la ASF agrega que la auditoría de tratados internacionales en materia de seguridad evidenció que si bien a 2017 existieron deficiencias en el diseño normativo de la política, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, la PF y la PGR acreditaron su contribución en la aprobación, armonización, actualización y cumplimiento de los tratados.
Sin embargo, “ello no fue suficiente, ya que siendo Segob la cabeza del sector, no dispuso de información para acreditar su contribución en la política de tratados en materia de seguridad, aunado a que se identificaron tratados internacionales en los que esta secretaría no acreditó el cumplimiento a los compromisos asumidos y, respecto de los tratados compartidos, se evidenció la falta de coordinación entre las entidades fiscalizadas para garantizar el logro de los instrumentos internacionales que permitan favorecer las condiciones de seguridad pública en el país” .