Conago, por Guardia a la medida y con jefe civil

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Gobernadores y diputados durante el primer día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional. Juan Carlos Bautista

Gobernadores de PRI, PAN, PRD y MC ofrecieron su respaldo a la creación de la Guardia Nacional, pero condicionaron el apoyo a que la nueva corporación opere bajo un mando civil y con pleno respeto a la soberanía de las entidades.
Además, el priista Alejandro Moreno, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y mandatario de Campeche, dio la bienvenida a la nueva institución, siempre y cuando responda a las circunstancias de cada estado.
“Bienvenida la Guardia Nacional, bajo la idea de que sus criterios generales de actuación deben sincronizarse con los criterios específicos de cada estado: este traje a la medida de cada estado, con estrategias generales y específicas para combatir a la delincuencia organizada, solo se puede confeccionar con un trabajo conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales”, puntualizó.
Durante el primer día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, la Conago rechazó la militarización de la seguridad pública y cuestionó los aspectos centralistas de la iniciativa de reformas constitucionales impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entregó sus observaciones al dictamen y rechazó el procedimiento de diagnóstico y evaluación de las policías locales previsto en el proyecto, por considerar que generaría “intromisiones de competencias”.
En su turno, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro, Mario Delgado, urgió a los actores políticos a discutir y aprobar el dictamen de la Guardia Nacional, pues dijo, “no se vale perder el tiempo” frente a la actual crisis de inseguridad.
“Sabemos que es un debate entre la ideología, entre la dura realidad, entre la urgencia, entre fobias, entre prejuicios, convicciones, temores, todos válidos, pero lo que no se vale es perder tiempo, porque el tiempo en esta materia no se cuenta en horas, minutos y segundos, se cuenta en extorsiones, en muertos, en desapariciones”, remarcó.
El perredista Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, alertó sobre los riesgos de una militarización de la seguridad pública y secundó el llamado de un mando civil para la Guardia Nacional.
Los mandatarios panistas de Chihuahua, Javier Corral, y de Querétaro, Francisco Domínguez, se pronunciaron también por rectificar el dictamen y definir un mando civil para la Guardia.
Corral afirmó que el modelo de seguridad propuesto por el presidente López Obrador es “el exactamente equivocado que no hay que aprobar” y confió en la rectificación de la propuesta, en tanto Domínguez dijo que la Guardia Nacional debe sustentare en el respeto a la soberanía de los estados y su intervención debe atender situaciones de emergencia en cada entidad.
El mandatario jalisciense Enrique Alfaro reafirmó el rechazo a la militarización y la exigencia de respeto al federalismo. Agregó: “El gobierno de Jalisco está comprometido a asumir su responsabilidad; estamos listos para hacer lo que nos toca frente a la inseguridad, la impunidad y
la violencia”.

Cero tortura
En la trigésima reunión de embajadores y cónsules, Alfonso Durazo, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que como parte de la política d seguridad el gobierno de México erradicará la represión y la tortura.
“Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos huma-
nos”, subrayó.
En el acto celebrado en la sede de la Cancillería, el funcionario también habló del combate a la corrupción y de la creación de la Guardia Nacional.
Señaló que impulsarán modificaciones legales “para tipificar como delitos con sanción definida los incumplimientos a las recomendaciones de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos”. _