SIN AZÚCAR
Jorge Chi Segovia
La lucha crucial emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción, que desde tiempos memorables propicia el robo de combustible, genera que el gobierno federal dé preferencia al exterminio de este flagelo que rebasa lo imaginable y supera en buena medida la capacidad de las autoridades para atender la emergencia, antes que otros proyectos de gran envergadura que por el momento se encuentran en “stand by”.
La atención está en la lucha contra la delincuencia organizada y contra la desorganizada, pero también para detener por medio del lenguaje divino y la “lluvia” de apoyos dispuestos por el señor, a las personas “que roban por necesidad”, que son miles, que ponen en aprietos al Gobierno de la República ante las “pinchadas” a los ductos que en muchas de la veces son ocasionadas por los propios pobladores de comunidades cercanas.
La corrupción arriba y abajo hace daño por igual, y el pueblo espera que López Obrador, con todos los riesgos que esta lucha encierra, limpie la empresa petrolera del país que tanto han saqueado y llevado casi a la quiebra financiera gente de adentro como de afuera. Incluso, la gente pobre que participa por “necesidad”.
En medio del enorme reto que el Presidente tiene por delante para sanear las finanzas de Pemex y acabar con la red de complicidades que por décadas ha imperado en la empresa y fuera de ella para robar combustible en sus diversas formas, el “boom” administrativo de la “cuarta transformación parece haberse detenido, o el más benigno de los casos, parece haberse retrasado para atender la emergencia.
En casi todas las dependencias federales del país -Campeche no es la excepción- existe un impase por no haber en muchos de los casos “cabezas” o coordinadores de enlace con la delegación estatal de los Programas de Bienestar, puesto que los anteriores delegados y subdelegados retozan desde el 1 de diciembre pasado en el sueño de los justos, razón por la que entre los trabajadores reina el desconcierto al no existir conocimiento de las reglas de operación de los programas y, en el peor de los casos, recursos para dar paso a lo esencial.
No obstante, el caso más significativo se observa en Pemex, cuyo traslado de las oficinas centrales a Ciudad del Carmen se ha empantanado por el enorme problema derivado del combate al robo de combustible que ocupa al máximo a quienes tienen bajo su responsabilidad la dirección de la petrolera.
Esta situación ha comenzado a causar intranquilidad en diversos sectores empresariales de Carmen, en particular del ramo inmobiliario, gastronómico, hotelero y de servicios, pues todavía no ven claro cuándo inicia el traslado de la sede nacional de Pemex a la isla, aunque es entendible que tendrán que esperar un poco porque la prioridad del gobierno federal y de Pemex está en otro lugar.
