Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistiera en que los organismos autónomos “son una farsa y están subordinados a la política de privatización”, lanzó a la Secretaría de la Función Pública y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, con presuntas pruebas de conflictos de interés en el ejercicio de su función.
“Es como los organismos autónomos, una gran farsa, que por cierto ya tengo la información —y se las vamos a entregar— de que sí existe conflicto de interés en el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía y no debería de estar ahí (en el cargo).
“Y no es porque nos cuestionó, ¡no!, es más profundo el asunto. Es que se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex; se crearon todos esos organismos de personas, no generalizo, pero en la mayoría de los casos subordinadas a una manera de pensar, a la política de privatizaciones, y al final de cuentas ellos mantenían relaciones con los particulares que se beneficiaban de contratos”, expresó el Presidente en su conferencia matutina.
Aunque señaló que por suerte se están venciendo los plazos de los integrantes de estos organismos y otros han presentado su renuncia, por lo que afirmó que con los nuevos perfiles que colocarán en esas vacantes “se van a limpiar y a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares”.
Las acusaciones
Más tarde, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés comenzó una investigación contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, tras detectar que el 15 de junio de 2017 autorizó un contrato para transporte de gas natural a Santa Fe Natural Gas a través de la filial Fermanca, empresa en la cual Santiago García Gastellanos, primo de su cónyuge, es director general.
“Y en esta fecha el servidor público de referencia ya era presidente de la institución; este permiso que él mismo, ya como presidente de la institución, pudo haber gestionado o auspiciado no fue informado en su momento. Esto ya constituye en sí misma una activación del conflicto de interés potencial que él reconoce, él admite en su declaración patrimonial un posible conflicto de interés con estas dos personas aludidas”, detalló la funcionaria.
Mientras que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indaga que los familiares del presidente de la CRE ocultaron relación con otros grupo de empresas en las que, de acuerdo con investigaciones, pudieran incurrir en lavado de dinero, defraudación fiscal y triangulación de recursos por transferencias internacionales.
Explicó que en el caso del cuñado de García Alcocer, omitió que, además de Vestas, está implicado con tres empresas más relacionadas con la extracción de hidrocarburos, comercialización de productos químicos y perforación de pozos petroleros y de gas.
Nieto señaló que se encontraron dos vuelos a Guatemala el año pasado y nueve a El Salvador entre 2015 y 2016 que, acusó, pudieran estar relacionados con lavado de dinero.
“Existe una tipología en la cual los sujetos se trasladan a países como el Salvador y/o Guatemala para realizar las transferencias internacionales a otras naciones con la finalidad de no dejar registro en México. Los dólares son trasladados por la frontera sur, ya que se contratan personas para llevar los recursos a Centroamérica vía terrestre, con la finalidad de evitar que el dinero sea rastreado”, detalló el funconario.
También señaló que pudiera haber defraudación fiscal por haber reportado ingresos mucho más bajos de los que tiene capacidad, y que en el periodo de febrero de 2014 a diciembre de 2018 se detectaron transferencias internacionales por 47 millones 836 mil 650.34 pesos y 148 millones 547 mil 821.24 dólares.
“Existen, con ello, procesos de triangulación que pudieran indicar lavado de dinero”, insistió Nieto.
Agregó que el caso de Santa Fe Natural Gas también está relacionado con al menos cuatro empresas más; de solo una de ellas, el primo de su cónyuge recibió salarios por 9 millones 834 mil 450 pesos de 2016 a 2017. _
