Violencia de género sería limitante para contraer matrimonio civil

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Guadalupe Torres Arango Diputada del PRI

La violencia de género podría ser impedimento para que una pareja contraiga matrimonio civil, de acuerdo con la propuesta de la diputada priista Guadalupe Torres Arango, que busca la protección de las mujeres sin violar ningún precepto legal.

La iniciativa indica reformar cuatro artículos del Código Civil del Estado de Campeche: el 167, para agregar las fracciones VII y VIII, para que la violencia de género y la condena firme por ese delito sea considerada impedimento para contraer matrimonio; el 258, para agregar otras formas de violencia para considerar la nulidad e ilicitud del matrimonio.

Asimismo, proponen reformar el 458, para agregar a la fracción III varios supuestos para la pérdida de la patria potestad y se incorpora la fracción IV para que el padre que prive de la vida a la madre de sus hijos, se considere también como causal de la pérdida de la patria potestad.

Y finalmente y el 516, para que las personas que cuenten con antecedentes de algún tipo de violencia en contra de mujeres, menores o incapacitados, entre otros, no puedan ser tutoras, aunque consientan dicho cargo.

“El propósito de esta reforma es garantizar que las familias sean entornos seguros y libres de cualquier forma de discriminación y violencia, que contribuyan al pleno desarrollo de las mujeres, de las personas con discapacidad, las menores de edad o las adultas mayores”, aseveró.

En este sentido, dijo que es importante difundir los tipos de violencia de género que existen y motivar a más mujeres a que se sientan seguras para interponer una denuncia y alejarse del entorno violento.

“Es el tema de la violencia psicológica, en que hemos hecho mucho hincapié, es muy difícil que tanto las mujeres como los hombres se acerquen y hagan un tema de la denuncia, por eso hacemos nuestros exhortos para que se acerquen a las autoridades, tenemos que trabajar en eso todos los días, sobre todo con nuestras niñas y niños”, argumentó.

ANÁLISIS

Por su parte, la directora del Registro Civil en la entidad, Ingrid Ommundsen Pérez, dijo que debe intervenir un análisis de derechos humanos para respetar las decisiones universales de las personas.

“Depende de cómo venga la iniciativa, para probar la violencia necesitamos la denuncia, para tener conocimiento de que alguien tiene la denuncia correspondiente y poder decir que la ley lo impide, de lo contrario estaríamos cayendo en omisión”, apuntó.

Aclaró que se tendrá que definir el tipo de violencia, para que se califique como tal en la ley, y se logre una resolución; “la denuncia tiene que tener un proceso, y solo hasta ahí se puede determinar”, concluyó.

Por: Stephanie Sánchez