Todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado mostraron su respaldo al gobernador Carlos Miguel Aysa González en la defensa territorial por el conflicto retomado por Quintana Roo, presentándose un Punto de Acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad a acatar lo sentenciado en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior, durante la sesión ordinaria de ayer miércoles en la cual fue aprobado por mayoría de votos, y tras breve debate entre Morena y PAN, el dictamen de reforma constitucional en materia de Revocación de Mandato enviado por el Congreso de la Unión; además de aprobarse una modificación al Código Penal relacionado con el robo a comercio.
Como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento al Conflicto Limítrofe, conformada el pasado mes de octubre, el coordinador parlamentario de Morena, José Luis Flores Pacheco, presentó una propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Quintana Roo, a acatar la orden emitida por la Suprema Corte en el 2013.
“Creo que hay una consigna de parte del estado de Quintana Roo, de querer apropiarse de terrenos a la fuerza y vamos a ser muy enérgicos, que aprenda a cumplir la ley, y más a las autoridades que en su momento han señalado que no es su territorio, como en el caso del Senado y de la Suprema Corte de Justicia”, apuntó.
LA PROPUESTA
La propuesta presentada exhorta al Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo a cumplir con la suspensión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establece que dicha entidad debe abstenerse de realizar cualquier acto formal o material que amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente conserva esta entidad, o de crear nuevas autoridades en las localidades a las cuales se está queriendo meter del municipio de Calakmul, Campeche.
El panista José Inurreta Borges se sumó al llamado de unidad y recordó que fue integrante del Comité Ciudadano que en el 2013 participó en la defensa del territorio en Calakmul, al cual también se sumaron legisladores e integrantes de partidos que, haciendo a un lado las siglas, respaldaron al Gobierno de ese entonces.
Pidió a todos los diputados replicar esta acción, no solo desde la Comisión Especial que se conformó y que ya está trabajando, sino también desde todos los ámbitos de la sociedad, dejando a un lado las diferencias políticas que pudieran existir y exigir al vecino estado de Quintana Roo que deje de confundir a la población que habita en esa franja.
ACCIONES RADICALES
El presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz, aseguró que ya se están tomando acciones más radicales, más fuertes, y en total respaldo al gobernador Carlos Miguel Aysa González, quien ha estado atento y dando seguimiento, creando el Comité para que se pueda atender como debe ser el conflicto limítrofe en lo legal.
“El mensaje en particular de los diputados es que no se debe de propiciar la división entre estados, y me parece que, por una cantidad de territorio importante para Campeche, más de 10 mil hectáreas que están en juego ahí y otro tanto para Yucatán, entrar en este conflicto es innecesario y generaría muchos problemas entre la gente”, comentó.
Por su parte, Emilio Lara Calderón, exhortó a todos los sectores de la sociedad y a los campechanos en general, a sumarse en la defensa del territorio, ante la pretensión de las autoridades de Quintana Roo de apropiarse de una franja del Estado de Campeche, para que se respete lo que es de Campeche.
ADMITEN REFORMA
Por otra parte, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado de Campeche aprobó por mayoría el dictamen relativo a una minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Carta Magna federal, en materia de consulta popular y revocación de mandato.
Tiene como finalidad modificar la norma suprema de la Nación, con el propósito fundamental de establecer y regular el derecho de los ciudadanos para participar en los procesos de revocación de mandato y consolidar la figura jurídica de la consulta popular.
En el caso de las consultas populares, el documento señala que podrán ser convocadas por los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la Entidad o Entidades federativas que correspondan.
En tanto que la revocación de mandato tiene por objeto determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo por la pérdida de confianza ciudadana, es decir, cuando a juicio de los ciudadanos el gobernante muestre incapacidad para cumplir sus responsabilidades, incumpla sus compromisos y plataforma electoral o falle en el ejercicio de sus atribuciones.
Agrega que se podrá solicitar este procedimiento cuando se cuente con un número de peticionarios equivalente al tres por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, con una dispersión regional representativa de esa proporción en, al menos, 17 Entidades federativas, y que, para que el resultado de la votación, tenga el efecto de revocar el mandato ejecutivo conferido, la participación de las personas inscritas en la lista nominal de electores deberá ser, al menos, del 40 por ciento y una mayoría absoluta de los votos en el sentido de concluir anticipadamente la responsabilidad otorgada.
