SE DICE

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se dice, columnistas.

Que un tema que a través de las redes sociales se convirtió en polémica en semanas pasadas, fue el del equipamiento a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y es Campeche, al igual que varios estados del país, optó por arrendar un número de patrullas para realizar labores en la entidad. Una vez que venció el plazo de la renta, los vehículos fueron devueltos a la empresa dedicada a prestar ese servicio. No había nada irregular, puesto que todos los contratos se hicieron con legalidad y se utilizó ese esquema que es común en el país.

Que, ahora, la administración de Carlos Miguel Aysa González decidió que se cambiará el esquema: ya no se rentarán patrullas, sino que serán compradas por el Gobierno del Estado, lo que beneficiará a la mayoría de las concesionarias de vehículos que participaron en el proceso de licitación y en la asignación. Se trata de un lote de 95 vehículos los que ya fueron adquiridos y que serán entregados en la primera quincena de diciembre próximo.

Que ya por lo pronto están en proceso de rotulación y pruebas 60 vehículos que serán entregados para las labores de la Fiscalía General de Justicia del Estado y para la Secretaría de Seguridad Pública. Adicional a esos vehículos, el Gobernador adelantó que se van a comprar 30 ambulancias, que actualmente se encuentran en proceso de licitación, y que deberán de estar ya listas para poner en operación a finales de enero próximo, se repartirán entre todos los municipios, donde tanta falta hacen.

Que las patrullas que se entregarán igual serán para todos los municipios, aunque se le dará prioridad a los municipios donde es mayor la incidencia delictiva, con es el caso de Ciudad del Carmen. Sin duda, cualquier acción que se realice para evitar el paso de la delincuencia es oportuna y necesaria. Los avances en seguridad son evidentes y reconocidos por todos, pero no se puede bajar la guardia ante un problema que carcome, daña y pone en grave riesgo el tejido social en el país.