Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, se han reactivado las denuncias por parte de la ciudadanía, que en su momento dejó de solicitar acción penal al observar que solo quedaba en trámite administrativo, reconoció el procurador ambiental, José Bravo Negrín.
Destacó que ahora los casos más graves se turnan de manera directa a la Fiscalía para que pueda procederse a su judicialización, si así fuera el caso, y los que requieren concientización se manejan de manera administrativa, siendo los municipios de Campeche y Carmen donde más casos se han empezado a atender.
Consideró que con esta nueva ley se tienen mejores herramientas para poder castigar a quienes incurran en este delito que ya está tipificado dentro del Código Penal Estatal, y de esta manera dar mayor certeza a los ciudadanos que colaboran en la protección de las especies, sobre todo, las domésticas.
“Estamos muy contentos porque con el impulso de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (Semabicc), Ileana Herrera Pérez, que además cuando fue diputada presentó la iniciativa de esta misma ley, ahora le toca aplicarla junto con nosotros y ya hemos tenido resultados importantes”, comentó.
Bravo Negrín reveló que ya se han detenido personas y por primera vez han logrado asegurar algunos animales, lo cual no quiere decir que la competencia total regrese a la Procuraduría del Medio Ambiente, pues la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) aplica su parte, y han estado trabajando de manera coordinada.
Una de las principales tareas que han estado realizando en conjunto es el fortalecimiento de los expedientes que llegan a la Fiscalía, pues son los que pueden ser sancionados con penas corporales, mientras que las denuncias que atienden en la Procuraduría llevarán un proceso administrativo.
El funcionario estatal reconoció que ahora se tiene mayor participación de la ciudadanía al observar que ya se le da puntual seguimiento a las denuncias que presentan de manera formal, pues habían dejado de hacer al darse cuenta que el proceso administrativo no estaba siendo sancionador como se requería.
