Aunque la entidad no es un punto rojo para el cruce de indocumentados, también en Campeche se han tomado acciones para su aseguramiento, a raíz de un cambio en la política migratoria nacional en este año.
El investigador Luis Alfredo Arriola Vega, del Departamento de Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur, perteneciente al grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos, nos esboza sobre este asunto de primera importancia en la agenda nacional.
En este tema tan difícil considera que la normatividad actual está a la altura de los estándares nacionales en materia de protección y que la problemática está en su aplicabilidad.
¿Cómo es la experiencia del migrante que cruza México a través de la frontera sur, en especial desde Campeche?
Como Campeche es una ruta secundaria, el migrante no autorizado sufre más penurias. Tarda más tiempo en su trayecto, pues debe caminar distancias mayores. La trayectoria es más prolongada que las rutas principales porque desde Campeche, la persona debe trasladarse hacia Tabasco, con lo cual se incrementa la posibilidad de ser aprehendido. (En Escárcega o Chablé por ejemplo).
Chiapas es la ruta más conocida para llegar al centro del país, y después se dirige al norte. También tiene que ver con todo un conjunto de otros elementos que facilitan el traslado: la presencia de guías, coyotes, polleros, transportistas, albergues y casas de migrantes, incluso la posibilidad de abordar el tren de carga. Internarse a México por Campeche hace que el derrotero se complique.
Hasta tiempo reciente los controles eran más laxos (menos presencia del Instituto Nacional de Migración /INM) sin embargo, con las medidas tomadas recientemente por el Gobierno Federal, específicamente las presiones a las que tuvo que ceder ante la amenaza de imposición de aranceles, el panorama ha cambiado.
¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan los migrantes?
Ahora hay más presencia de las autoridades, la Guardia Nacional, que si bien no está facultada para aprehender migrantes, sí puede hacer el trabajo de intercepción.
Hoy en día es más complicado el traslado para los indocumentados que pretenden viajar en autobuses de línea porque se pide documentos de identificación a todos los pasajeros. En la medida en que el viaje se complica (mayores obstáculos al cruzar la frontera y el traslado, mayores distancias por recorrer, más sobornos) así se incrementa su costo.
¿Qué acciones ha tomado México desde el 2015 para impedir que centroamericanos viajen hacia el norte?
En 2015 estaba en operación el Programa Frontera Sur, con el cual se incrementaron los operativos para la detención de migrantes, con múltiples corporaciones.
También aumentó el número de deportaciones; México en algunos momentos incluso superó la cantidad de personas devueltas desde el país que los volúmenes de deportaciones desde Estados Unidos. Se construyeron varios Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (Huixtla, Playas de Catazajá, La Trinitaria) que sirven también como puntos de control para bienes y migrantes.
A partir de lo sucedido con las caravanas, entre octubre 2018 y febrero 2019, el nuevo Gobierno de la República adoptó una política que combinaba medidas humanitarias y de contención.
Por ejemplo, entre el 17 de enero y el 11 de febrero de este año, el gobierno extendió más de 13 mil tarjetas de visitantes por razones humanitarias a integrantes de las caravanas. A partir de las amenazas del presidente Trump de junio de este año, la política dio un giro hacia una postura más restrictiva.
Ahora es más difícil tener acceso a la condición de visitante por razones humanitarias. En este mismo sentido, el envío de elementos de la Guardia Nacional a la frontera de México con Guatemala, en Chiapas, es para amedrentar a aquellos que intenten realizar el viaje por México.
¿Es suficiente la protección que brinda México a quienes cruza su frontera?
Es un tema complejo, por una parte, considero que la normatividad existente en la actualidad es bastante generosa, es decir, que está a la altura de lo que dictan los estándares internacionales en materia de protección. El problema reside principalmente en su aplicabilidad.
Muchas veces hay una brecha entre la norma y la práctica, ya sea por negligencia o desconocimiento de las autoridades. La otra cara de la moneda es que una institución como la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) que atiende el tema de los solicitantes de la condición de refugio, carece de los recursos humanos y económicos insuficientes para hacerle frente al fenómeno que actualmente enfrenta México.
En los primeros meses de este año se registraron 31, 355 solicitudes de refugio en el país para el periodo, según datos de la COMAR. Si consideramos que en 2013 fueron apenas 1,296 y el año pasado el total llegó a 17,176, estamos ante una situación bastante crítica.
¿Podría narrarnos alguna anécdota durante sus estudios de campo en la frontera sur?
Todas las historias migratorias tienen algo único, particular. Recuerdo una vez que me encontré un apátrida, en febrero de 2010.
Llevaba consigo una caja de chicles, una cajetilla de cigarros y unas palanquetas, toda su mercancía para ganar algo de dinero. Después de una breve introducción y con buen ánimo de platicar, me relató una historia casi inverosímil: sus padres eran de origen nicaragüense y costarricense.
Había nacido en Costa Rica pero nunca fue asentado en el Registro Civil de ninguno de los dos países de sus progenitores. Por eso estaba en una situación de apátrida.
A la edad de ocho años empezó un largo periplo (largo viaje por numerosos países) que lo llevó primero de Costa Rica a Nicaragua. Allí vivió durante cinco años.
Salió de Nicaragua porque su familia adoptiva había muerto como parte del conflicto que enfrentaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional con los contrarrevolucionarios (hacia 1990).
Su segundo destino fue México, a donde llegó trasladándose solo, en tráileres de carga. Un año después decidió irse a Estados Unidos, donde permaneció hasta la edad de 21 años. Su siguiente destino fue Canadá donde residió siete años. Regresó brevemente a los Estados Unidos y de ahí fue deportado a México.
Al momento de nuestro encuentro tenía 33 años de vida y en los últimos cinco años había residido en distintos estados de México.
La Organización Internacional de las Migraciones le había extendido recientemente un salvoconducto en la Ciudad de México, su único documento de identidad.
Antes de eso, Joaco (pseudónimo) nunca había contado con papel alguno que consignara su existencia jurídica como persona. Había dejado Baja California pocos días antes, donde trabajó en la industria del turismo por tres años, afirmó que su siguiente destino era Cancún.
Estando en Tenosique, Tabasco, donde había llegado dos semanas atrás, fue detenido por el INM, organismo que le impuso cinco condiciones para regularizar su situación nuevamente; entre las condiciones estaban el pago de multas y demostrar en un lapso no mayor de 30 días que tenía un trabajo y un domicilio.
