La activista campechana, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género del estado, Argentina Casanova Mendoza, recordó que en la entidad ya existen en el Código Penal tres causales para permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, en relación al debate que se abrió desde el estado de Oaxaca.
Describió que en lo aprobado en el vecino estado de Oaxaca es la interrupción del embarazo sin que exista ninguna causal, tal y como está establecido en la Ciudad de México, a diferencia de Campeche donde se sigue pidiendo al menos una de las tres excepciones establecidas en la ley.
“Aquí en el Estado, para que puedan interrumpir el embarazo sin ser penalizadas deben comprobar que fueron víctimas de violencia sexual, víctimas de violación, otro caso es por temas de salud, que se encuentre en riesgo la madre y/o por pérdida del producto de manera imprudencial, por algún accidente”, señaló.
Reconoció que estas causales establecidas en el Código Penal son las mismas que prevalecen en la mayor parte de los estados del país, destacando que, en el caso de Oaxaca y la Ciudad de México, lo que existe es la permisión abierta para que las mujeres interrumpan su embarazo, si así lo desean, hasta la semana 12.
Casanova Mendoza reveló que esta situación legal le permite a las mujeres tomar la decisión en caso de encontrarse en situaciones que la ley no considera, como en el caso de la pobreza, que considere que van a poder mantener el producto de ese embarazo o porque se dio por falta de acceso a información sobre prevención y falta de anticonceptivos.
“Es un avance en el ejercicio de los derechos de las mujeres, definitivamente. Sé que hay posturas conservadoras, hay posturas en contra, pero estas personas tienen todo el derecho a pensar como piensan, pero el Estado tiene la obligación de proporcionarle a las mujeres el derecho a la interrupción del embarazo”, apuntó.
Fue específica al señalar que se deben también otorgar las condiciones apropiadas de salud para que las mujeres puedan ejercer este derecho, como parte de las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido por parte de la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer.
En dichas recomendaciones, se establece también que el no garantizar el derecho al aborto, puede ser considerado como una forma de tortura, porque se obliga a las mujeres a recurrir a métodos que ponen en riesgo su vida.
