Por Melissa del Pozo / Fotografía de Javier García/Archivo
Antes que maestro, Jorge Álvarez quería ser cantante. Su padre, Epifanio, un hombre alto y fornido, entonaba algunas canciones con él cuando terminaba su jornada en el campo. Las de José Alfredo Jiménez le salían bien.
Pero hace más de mil 500 días que las guitarras de Jorge no se tocan. “Están ahí, colgadas, en su funda”, dice Epifanio entre respiros y silencios para contener las lágrimas.
Jorge Álvarez Nava desapareció el 26 de septiembre de 2014 junto con 42 de sus compañeros en la ciudad de Iguala, hasta donde un grupo de jóvenes había viajado de la Normal Raúl Isidro Burgos para tomar camiones, de cara a las manifestaciones del 2 de octubre.
Policías municipales y hombres armados atacaron los autobuses en los que viajaban y secuestraron a los 43 normalistas.
Osiel Baltazar, amigo de Jorge, viajaba en uno de los autobuses. La noche del ataque logró huir y hoy es licenciado en educación primaria.
Como Osiel, y pese a estar marcados por la tragedia, 73 jóvenes concluyeron en julio pasado sus estudios y se graduaron como licenciados en educación primaria. El camino, según Osiel, estuvo repleto de tropiezos y estigmas.
“Fueron años complicados. Todos los días sentí miedo porque fui uno de los afectados; tres de mis primos están desaparecidos y todo el tiempo tuvimos miedo de que nos pasara algo similar a cualquiera de nosotros. Siento como si lo estuviese viviendo de nuevo”, dice Osiel, de 32 años y padre de una niña de año y medio.
Pedro Domínguez, otro de los estudiantes de la generación 2014-2018, relata que los últimos cuatro años estuvieron marcados por las protestas: “Sí nos vimos afectados académicamente porque estuvimos un año sin entrar a clase y había mucha movilización todos los días”.
Los estudiantes que terminaron la carrera pasaron buena parte de 2014 y 2015 en protestas que se realizaban en Chilpancingo y de manera paralela en Ciudad de México. También se integraron los padres de los 43 desaparecidos, quienes se instalaron de manera permanente en la escuela normal.
“Cuando no estábamos de caravana estábamos haciendo algo con los papás o atendiendo a la prensa o cuidando la escuela. Estuvimos un año sin adquirir conocimiento y no creo que estemos preparados al 100 por ciento”, confiesa Pedro, quien truncó su carrera en ingeniería forestal en 2014 para ingresar a Ayotzinapa.
“El primer semestre se negoció la calificación con los maestros y en el segundo año nos dejaron trabajos. Recuperamos como 50 por ciento de lo que tendríamos que haber visto en esos dos años”, cuenta Osiel, quien entró a la Normal por carecer de recursos para estudiar en otro lugar; además, buena parte de sus familiares son normalistas en diversas comunidades de la entidad.
Los jóvenes de la generación de los 43 lograron ponerse al corriente, dicen, con la mitad del programa que marca la Secretaría de Educación Pública, pero no se sienten completamente listos para ponerse al frente de los salones de clase.
“No sabemos nada sobre los nuevos programas educativos, sabemos que hubo cambios, pero no sabemos nada de ellos”, relata Osiel, mientras que Pedro cree que les hizo falta hacer prácticas en las aulas, tener contacto con los estudiantes y teorías pedagógicas.
23 de los 140 jóvenes matriculados que año con año egresan de Ayotzinapa desertaron en la generación de los 43. Los graduados como Osiel y Pedro ahora se someterán a diversas pruebas previstas en la reforma educativa para obtener contratos como maestros.
Los normalistas que superen las pruebas quedan al frente de un grupo en la comunidad que se les asigne y se someten a otros exámenes por los siguientes tres años. Las evaluaciones también tienen que ver con sus conocimientos en otro idioma, como el inglés, y habilidades prácticas de aprendizaje en ciencias.
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La tragedia del 26 de septiembre de 2014 también transformó la vida de los padres de los normalistas desaparecidos. Blanca y Epifanio, los padres de Jorge, quien quería ser cantante, abandonaron su huerto por año y medio.
Juntos, como desde hace 27 años, Blanca y Epifanio se instalaron en uno de los salones de la Normal, como lo hicieron casi todas las familias de los desaparecidos. Los primeros meses, cuenta Epifanio, “no dormíamos nada; mi mujer llora por las noches, nos abrazamos. Daría mi vida entera por no verla sufrir.
“Recuerdo que ese día (de la desaparición) yo tenía varios montones de calabaza, la había juntado para partirla y vender; dejé como unos seis montones grandes de calabaza y llegué a la casa y me encontré con la mala noticia de lo que había pasado (y) pues mi esposa y yo nos tuvimos que ir. Dos años dejé de sembrar”.
En 2016, Epifanio regresó a su casa en La Palma, una comunidad al sur de Chilpancingo donde cosechan maíz, manzanas, plátanos y mangos. La familia no tenía ya recursos para continuar la búsqueda de Jorge y el apoyo de las organizaciones para viáticos y algunas comidas no era suficiente para el traslado de todas las familias.
“Hay personas que ven a uno diferente, piensan que esto es por dinero y no podrían estar más equivocados. Yo trabajé en Estados Unidos, en los campos, y sé qué es trabajar y ganarse el dinero; por eso me vine a la huerta, para seguir, mientras mi esposa sigue en la lucha”, cuenta Don Epifanio mientras baja mangos del árbol que hace sombra en la entrada de su casa, un hogar austero de láminas y block que, con orgullo recuerda, “construí con mis propias manos y dinero, con lo que mandaba de allá del norte en 2009.
“Es muy difícil para la familia, las cosas en la casa han cambiado por completo, uno nunca espera vivir la vida como la estamos viviendo”, reflexiona.
Epifanio y el resto de los padres esperan la creación de una comisión especial de investigación que acate la sentencia del tribunal colegiado de Tamaulipas y dé nuevas luces sobre el paradero de sus hijos. Mientras eso ocurre, cuenta Epifanio, las guitarras y la familia de Jorge estarán aquí, en La Palma, esperando oírlo cantar de nuevo.
Milenio Diario
