Para cualquier gobernante mantener la seguridad de la población es un asunto delicado que a veces la ciudadanía no logra entender. Quienes se encuentran en medio del ruedo con el toro enfrente, tienen una concepción distinta a lo que perciben quienes se ubican detrás del burladero. Las condiciones políticas, económicas y sociales del país reflejan las necesidades de una sociedad cada vez más exigente. Y la seguridad pública constituye ineludiblemente, una de ellas.
Nadie, absolutamente nadie, quisiera verse perjudicado por muy mínimo que sea el delito. Es entendible. No queremos siquiera imaginar la aflicción de una familia cuando alguno de sus miembros es víctima de un delito, más aun cuando se atenta contra la integridad física y la vida de las personas; cuando le desgracia para siempre el futuro de niños y jóvenes.
No se requieren de bufones para poder comprender el daño físico, material o psicológico que asesta el látigo delincuencial en sus distintas versiones. Y es cuando se alzan las voces de protesta exigiendo a la autoridad justicia, pero también seguridad y protección, aun cuando las víctimas hayan pecado de inocentes.
El gobierno, por mandato de ley, tiene la obligación de velar por la seguridad y protección del pueblo, posiblemente la parte más comprometedora a que se enfrenta cualquier funcionario; recriminada cuando no se cumple bien o se cumple a medias. Injusta cuando solo se ve los perjuicios sin tomar en cuenta los importantes logros alcanzados para mantener a raya a la delincuencia.
A pesar de lo que señalan las voces críticas que se alzan como contrapesos, las estrategias de seguridad pública y protección civil aplicadas en poco más de tres años de gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, sitúan a Campeche como la entidad con el menor índice delictivo del país, sin estar exenta de delitos, pero es el estado que tiene el menor índice delictivo del país por cada 100 mil habitantes.
Que se requiere seguir en la línea correcta sin escatimar recursos ni esfuerzos para garantizar que la policía de Campeche sea más efectiva, eficiente y la mejor de todo el país, no está a discusión. Es un compromiso irrenunciable del mandatario estatal sin ambages ni populismos. Haber entregado en lo que va del sexenio 424 unidades equipadas y totalmente nuevas a la SSP, Protección Civil y Fiscalía General, así como 626 certificados únicos policiales que avalan que los elementos son aptos y confiables para la función que desempeñan, no es cualquier cosa.
La incidencia delictiva en la entidad está focalizada en algunos municipios, particularmente en Carmen y Candelaria. Los delitos del fuero común representan la parte más sensible para la población. No reconocer lo alcanzado en materia de seguridad pública en el estado, sería tanto como negar la existencia de los cuerpos policíacos para asegurar la armonía y la paz social, que no se logra sólo con buenos propósitos, sino con trabajo de equipo y de la mano con el pueblo campechano.
