El gobierno federal incorporó en el Paquete Económico 2027 una propuesta para endurecer la Ley Aduanera con el objetivo de combatir la subvaluación de mercancías, pero especialistas advierten que las medidas pueden reducir las garantías de los contribuyentes y ampliar la discrecionalidad administrativa. La discusión tiene efectos inmediatos: abre la puerta a más embargos y revisiones por parte de aduanas y toca a empresas que importan bienes de todo tamaño.
La iniciativa modifica reglas que actualmente limitan la posibilidad de asegurar mercancías cuando la autoridad detecta una diferencia entre el valor declarado y el valor que ella determina. Bajo el esquema vigente, sólo procedía el embargo precautorio cuando la subvaluación superaba un umbral relativamente alto; la propuesta elimina esa barrera y permite actuaciones aun con brechas menores.
Qué cambia en la práctica
Según la propuesta del Ejecutivo, la autoridad aduanera podría ordenar el aseguramiento de bienes cuando existan inconsistencias en el valor declarado, sin necesidad de que la diferencia supere un porcentaje fijo. Además, se autoriza a la autoridad a iniciar de oficio mecanismos de verificación.
Para especialistas en comercio exterior, el impacto no es sólo técnico: amplía la capacidad de la autoridad para congelar embarques y activar revisiones administrativas como visitas domiciliarias o inspecciones documentales.
Riesgo de arbitrariedad en la comparación de valores
Un punto central de preocupación es la metodología que usaría la autoridad para establecer valores comparables. La dependencia dispone de bases de datos propias y criterios internos para cotejar declaraciones, lo que puede generar resultados variables según la muestra que elija la autoridad.
En la práctica, esto puede traducirse en comparaciones poco homogéneas: la autoridad podría contrastar una importación de bajo costo con registros de importaciones de mayor valor y concluir, por esa diferencia, una subvaluación.
- Mayor número de embargos: mercancías podrían ser aseguradas aunque la diferencia en valor sea mínima.
- Revisiones de oficio: la aduana podrá iniciar comprobaciones sin que medie denuncia o aviso previo.
- Incertidumbre para importadores: empresas que cumplen podrían enfrentar auditorías y retenciones inesperadas.
- Impacto operativo: trámites aduaneros y tiempos de liberación de mercancías podrían alargarse, con costos asociados.
Entre enero de 2025 y agosto de 2026, datos oficiales muestran que hubo más de dos mil operaciones de importación —por un monto superior a mil 500 millones de pesos— en las que la autoridad no pudo embargar bienes porque la subvaluación se ubicó por debajo del umbral anterior. Ese historial sirve de argumento para el cambio, pero también explica la inquietud sobre el alcance de las nuevas facultades.
Gloria Estrada, integrante de la comisión de comercio exterior del Colegio de Contaduría Pública de México, advierte que la propuesta es “agresiva” en la medida en que generaliza la sospecha y facilita que cualquier diferencia de valor de lugar a procesos administrativos, con el consiguiente desgaste para contribuyentes formales.
Lo que conviene vigilar
Las negociaciones en el Legislativo definirán el alcance final de la reforma: será clave precisar criterios objetivos para la comparación de valores, límites a las facultades de comprobación y garantías procesales para las empresas afectadas.
Sin esos filtros, alertan expertos, la medida podría castigar más a quien cumple que a quien busca evadir obligaciones fiscales, además de generar retrasos y costos extra en la cadena logística.
Mientras avanza el debate, importadores y asesores fiscales deberán revisar sus prácticas de documentación y valoración para anticipar eventuales requerimientos y reducir el riesgo de detenciones o sanciones administrativas.
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