El Paquete Económico 2027 incluye ajustes al impuesto sobre la renta que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrían aportar 140,000 millones de pesos adicionales al erario al restringir deducciones y el uso de pérdidas fiscales por parte de empresas. La propuesta, presentada esta semana, busca reducir prácticas fiscales consideradas agresivas y mejorar la recaudación sin tocar a micro y pequeñas empresas.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, reveló un diagnóstico sobre el comportamiento fiscal de las empresas que sustenta las modificaciones. El análisis detectó cientos de miles de contribuyentes que reportan resultados inconsistentes entre sus ingresos y lo que declaran como pérdidas fiscales.
- 54,000 empresas registraron cinco años sin pagar ISR, según Hacienda.
- 129,000 contribuyentes presentaron pérdidas fiscales durante los últimos tres ejercicios.
- Hacienda estima otros 45,000 millones por combatir contrabando, evasión y subvaluación en aduanas.
- En total, el Gobierno prevé que los ingresos que financiarán el presupuesto superen en 580,000 millones de pesos lo contemplado al cierre del año en curso.
Estos números explican por qué las autoridades insisten en endurecer los límites a las deducciones: Hacienda considera que hay casos donde las pérdidas prolongadas no se corresponden con la evolución de los ingresos reportados, lo que debilita la base tributaria.
¿A quiénes impactará?
Las modificaciones se orientan a grandes y medianas empresas. Según la dependencia, las reglas no pretenden afectar a pequeñas y medianas empresas; las medidas se enfocan en compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales.
Para los grupos empresariales con operaciones complejas, esto significa revisiones más estrictas de la forma en que deducen gastos y aplican pérdidas acumuladas. Para el resto, Hacienda asegura que no habrá cambios relevantes en el tratamiento fiscal.
Facturas falsas y medidas de control
Otro eje de la iniciativa es el combate a las llamadas “factureras”. Hacienda acusa que en algunos casos hasta el 10% de los gastos reportados por empresas provendrían de facturas presuntamente apócrifas, usadas para reducir la carga fiscal.
Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, el gobierno registró varias acciones administrativas destinadas a esos esquemas:
- Más de 3,000 empresas señaladas como emisoras de facturas en el Diario Oficial de la Federación.
- Bloqueo de más de 38,000 contribuyentes que participan en operaciones simuladas.
- Casi 2,000 auditorías a compradores de facturas detectadas como ficticias.
Las autoridades subrayan que estas medidas forman parte de una estrategia mayor para reducir la evasión y la elusión, además de simplificar el sistema tributario.
En términos de magnitud fiscal, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) que acompaña el Paquete Económico 2027 calcula recursos por 10.63 billones de pesos, de los cuales 6.2 billones provendrían de ingresos tributarios, un incremento de 3.9% respecto a lo aprobado este año.
Para empresas y asesores fiscales, el mensaje es claro: aumentará la atención sobre prácticas que permitan reducir indefinidamente la carga fiscal mediante pérdidas recurrentes o facturas cuestionables. Para las finanzas públicas, las medidas representan una apuesta por elevar la recaudación sin aumentar las tasas impositivas.
Queda por verse cómo responderán los contribuyentes y qué ajustes operativos exigirá la autoridad para que las nuevas reglas se traduzcan en cobros efectivos y sustentables en el tiempo.
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