Legisladores del PRI y el PAN señalaban esta semana que el Paquete Económico 2027 contiene recortes y ajustes que podrían traducirse en más carga fiscal y menos inversión en sectores clave como energía y salud. La discusión adquiere urgencia porque la votación plenaria está prevista para noviembre y ahí se decidirá si se mantienen o se modifican las medidas cuestionadas.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, sostuvo que el proyecto no ofrece beneficios claros para la población y que mantiene niveles elevados de endeudamiento. Según su lectura, varias disposiciones terminan por incrementar la carga de contribuyentes al limitar deducciones y el reconocimiento de pérdidas fiscales.
El diputado priista también puso en duda cambios en normas aduaneras y municipales sobre prediales, así como la propuesta para restringir el uso de efectivo. En su opinión, esas medidas podrían terminar favoreciendo a las instituciones financieras por las comisiones asociadas al pago con tarjeta.
Moreira advirtió que existe el riesgo de que en las discusiones finales se introduzcan nuevos gravámenes o modificaciones mediante reservas al dictamen, por lo que pidió esperar a la votación definitiva en noviembre y exigir transparencia en cada rubro modificado.
El secretario de Hacienda fue convocado para explicar el paquete ante el Pleno, donde la mayoría oficialista lo respaldaría; ante ese escenario, el PRI solicitará además una reunión adicional en la Junta de Coordinación Política para revisar los detalles económicos con mayor profundidad.
Señalamientos desde el PAN
Por su parte, el diputado Daniel Chimal (PAN) presentó un análisis que apunta a recortes importantes en áreas vinculadas con la energía. Según su lectura, la Secretaría de Energía (Sener) enfrentaría una reducción real estimada en torno al 69% para 2027, mientras que la CFE y Pemex también recibirían menos recursos.
Para Chimal, esta propuesta llega en un momento en que México enfrenta déficits en infraestructura eléctrica y una demanda creciente de generación y transmisión: “Reducir partidas en ese contexto complica la capacidad de respuesta ante apagones y rezagos”, advirtió.
Al mismo tiempo, el gobierno prevé aumentar recursos para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un desplazamiento de prioridades que, según la oposición, exige una explicación ante las necesidades urgentes en infraestructura física del país.
- Impacto fiscal: Limitaciones a deducciones y a la compensación de pérdidas pueden elevar la carga tributaria efectiva para empresas y personas.
- Riesgo para el sector energético: Menores recursos para Sener, CFE y Pemex podrían afectar mantenimiento, expansión y confiabilidad del servicio.
- Servicios públicos: Recortes a inversión y salud plantean riesgos operativos y de atención ciudadana.
- Ganancias para bancos: Restricciones al efectivo y mayor uso de medios electrónicos podrían beneficiar a intermediarios por comisiones.
- Calendario decisivo: La votación en el Pleno en noviembre será el momento clave para aprobar, modificar o rechazar reservas al Paquete.
Además de los reclamos por contenido y prioridades, ambos partidos adelantaron que revisarán con detalle la programación del gasto, la trayectoria de la deuda y las proyecciones de crecimiento que acompañan al paquete. Exigen que se justifiquen aumentos en partidas específicas y que se transparenten los criterios técnicos usados para los recortes.
La disputa refleja un enfrentamiento de prioridades: ajustar reglas tributarias y desplazar recursos hacia la transformación digital versus mantener o aumentar inversión en infraestructura física y energética. Para los ciudadanos, de ese balance dependerán tanto la calidad de servicios públicos como la carga fiscal en los próximos años.
Será necesario seguir de cerca las explicaciones que ofrezca la Secretaría de Hacienda y las modificaciones que se introduzcan en las comisiones y en el Pleno antes de la votación final.
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