El Paquete Económico 2027 plantea cambios que buscan aumentar la recaudación a corto plazo y obligan a las empresas a replantear su planeación fiscal. La propuesta introduce límites a deducciones y a la amortización de pérdidas, medidas que, aunque temporales en su efecto sobre liquidez, podrían modificar la gestión financiera de los contribuyentes más grandes.
José Martín Aguayo, presidente de la comisión representativa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), dijo en el foro mensual del Instituto Mexicano de Contaduría Pública (IMCP) que la intención del gobierno parece ser conseguir recursos inmediatos. En su lectura, las nuevas restricciones provocarán primero una reducción de liquidez para algunas empresas, pero no elevarán de forma permanente la carga del Impuesto sobre la Renta.
En concreto, Aguayo explicó que las deducciones y las pérdidas que no procedan en un ejercicio por las nuevas reglas podrán aplicarse en años posteriores, por lo que el efecto es de diferimiento y no de pérdida definitiva del beneficio fiscal. Según él, las medidas apuntan sobre todo a las firmas con mayor capacidad contributiva.
Qué propone el Paquete Económico 2027
El IMCP enumeró las principales limitaciones planteadas en la iniciativa:
- Límite a deducciones: cuando las deducciones excedan determinado umbral, se aplicaría un tope de 96.67% sobre los ingresos; si están por debajo de ese umbral, el tope sería 99% de los ingresos.
- Amortización de pérdidas: la deducción de pérdidas fiscales pasaría de poder aplicarse al 100% de la utilidad a solo el 50% anual, pero con un plazo ampliado para su uso de 10 a 20 años.
- Aplicación: estas restricciones se dirigirían a personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y que declaren utilidad fiscal en el ejercicio.
- Carácter de las cantidades no aplicadas: los montos de deducción que no procedan en un ejercicio podrían trasladarse hasta por 20 ejercicios siguientes, actualizados por inflación.
El vicepresidente fiscal del IMCP, Luis Carlos Figueroa, enfatizó que la propuesta no extingue los beneficios fiscales, sino que limita su aplicación temporalmente y obliga a actualizarlos por factores inflacionarios cuando se trasladen a ejercicios posteriores.
Exenciones y sectores fuera del alcance
No todas las empresas quedarían sujetas a estas restricciones. Entre las excepciones se mencionan:
- Empresas del régimen de maquila.
- Contribuyentes con RFC de menos de cinco años.
- El sector asegurador.
- Personas morales que reciban beneficios del Plan México o de decretos de polos de desarrollo.
La lista de exclusiones busca preservar incentivos a sectores estratégicos y a agentes económicos en fases tempranas de operación.
Reacciones del sector contable y empresarial
Ludivinia Lejía, presidenta del IMCP, valoró que el paquete mantenga una línea de consolidación fiscal gradual y apunte a una recaudación elevada a través de mayor control de la base gravable y cambios en la Ley del ISR. También destacó medidas favorables para las micro, pequeñas y medianas empresas, como la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y la tasa de IVA efectiva del 7% para ciertos supuestos.
Por su parte, Gabriela Gutiérrez, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), advirtió que la sostenibilidad de las finanzas públicas depende tanto de medidas tributarias como de recuperar un ritmo de crecimiento económico y de empleo formal. Recordó que una economía con crecimiento bajo reduce la capacidad de recaudación y aumenta la presión sobre las finanzas públicas.
De acuerdo con el IMEF, la razón deuda/PIB podría acercarse a niveles preocupantes si persisten déficits y bajo crecimiento; por ello, insiste en la necesidad de una visión fiscal de largo plazo que cuide la eficiencia del gasto corriente y preserve la inversión productiva.
Contexto macro y expectativas
Las proyecciones oficiales del Paquete Económico 2027 sitúan el crecimiento esperado entre 1.5% y 2.5%, mientras que el consenso de analistas consultado por el IMEF se mantiene alrededor de 1.8%. En este marco, Hacienda plantea que el fortalecimiento de la fiscalización y el combate a la facturación falsa ayudarían a alcanzar las metas de recaudación contempladas en la Ley de Ingresos.
El efecto inmediato de las medidas sería un aumento de recursos para el gobierno, pero también un mayor escrutinio y una necesidad de adaptación para las empresas sujetas a las nuevas reglas. Para contribuyentes y asesores fiscales, el reto será recalibrar flujos y estrategias ante cambios que, por su diseño, retrasan beneficios más que los eliminan definitivamente.
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