El paquete fiscal recién presentado dejó sin cambios el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para las bebidas alcohólicas y para varios productos con alto contenido de sodio, un ajuste que sigue pendiente y que podría afectar tanto la recaudación como los precios al consumidor. La discusión vuelve al centro del debate público porque cualquier modificación impactaría los ingresos del gobierno, la salud pública y las estrategias comerciales de la industria alimentaria.
Expertos en política fiscal y académicos señalan que, aunque se incluyeron aumentos al gravamen sobre tabaco y bebidas saborizadas, el IEPS al alcohol quedó fuera del paquete; mientras, propuestas para castigar productos con exceso de sodio siguen sobre la mesa.
Qué proponían los legisladores y qué quedó sin aprobar
En mesas de trabajo de la Comisión de Hacienda se evaluaron incrementos puntuales: para la cerveza se planteó un aumento que oscilaría entre 60 centavos y 1 peso por unidad, con un potencial extra de recaudación cercano a 6,500 millones de pesos. En paralelo, gravar productos con exceso de sodio se estimó podría aportar aproximadamente 12,000 millones de pesos.
Sin embargo, estas medidas no fueron incorporadas al paquete económico final. Analistas recuerdan que el objetivo explícito era no solo elevar la recaudación, sino también desincentivar consumos asociados a riesgos para la salud.
Cómo se propone cambiar la estructura del impuesto al alcohol
Investigadores y responsables de política pública discuten pasar de un esquema ad valorem (por valor) a un esquema ad quantum (por volumen de alcohol puro). La lógica detrás de la propuesta: gravar directamente los mililitros de alcohol permitiría ajustar con mayor precisión la carga impositiva según la graduación alcohólica y hacer el impuesto más efectivo como instrumento de salud pública.
También se sugiere que cualquier nuevo monto no permanezca estático, sino que se actualice periódicamente tomando en cuenta inflación y crecimiento económico para mantener su efecto recaudatorio y disuasorio.
Empresas y consumidores: posibles reacciones
Si se hubiera aprobado un aumento del IEPS a la cerveza, las compañías tendrían básicamente tres vías de respuesta: absorber la mayor carga fiscal, trasladarla al precio final o combinar ambas estrategias. La elección dependería del tamaño de la empresa, su capacidad de margen y la elasticidad del consumo.
Consultores del sector advierten que las empresas de alimentos procesados y embutidos —muchas ahora exentas por su aporte calórico— podrían quedar sujetas a nuevos gravámenes si se prioriza el criterio del contenido de sodio.
- Productos actualmente gravados: botanas, frituras y sopas instantáneas pagan hoy un 8% por su densidad calórica.
- Propuesta en estudio: elevar el gravamen de botanas hasta 20% e incluir formalmente sopas instantáneas por su alto contenido de sodio.
- Posibles respuestas de la industria: reformulación de recetas, presentaciones más pequeñas y lanzamiento de líneas con menor sodio.
- Impacto esperado: variaciones temporales en el gasto familiar y búsqueda de alternativas más económicas o exentas del impuesto.
Fuentes del sector financiero también subrayan que la industria ya mostró capacidad para absorber y trasladar ajustes fiscales tras aumentos recientes al IEPS en bebidas; eso sugiere una resiliencia que podría moderar la caída en ventas, aunque favorecería una redistribución del gasto de los hogares.
Consecuencias fiscales y de política pública
Para Hacienda, elevar o reconfigurar el IEPS al alcohol y a productos con exceso de sodio representaría una herramienta para aumentar ingresos en un contexto de crecimiento económico limitado y presiones crecientes en el gasto público. Al mismo tiempo, sería una medida alineada con políticas de salud pública que buscan reducir el consumo de productos nocivos.
No obstante, especialistas advierten que cualquier cambio debe diseñarse con cuidado: la efectividad depende de la estructura del impuesto, de su actualización periódica y de la supervisión para evitar eludir la carga fiscal mediante ajustes comerciales o legales.
En los próximos meses, la discusión regresará cuando se revisen iniciativas pendientes y se evalúen impactos tanto en recaudación como en comportamiento de consumo; hasta entonces, los consumidores y las empresas permanecerán atentos a posibles señales de cambio.
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