En México, con una población de más de 17 millones de individuos mayores de 60 años, se enfrenta el desafío de asegurar una vejez con estabilidad económica, en un contexto donde predominan las pensiones privatizadas, elevadas comisiones financieras y marcadas desigualdades sociales.
La demografía mexicana está envejeciendo a un ritmo más acelerado de lo esperado, situando a un número considerable de adultos mayores en una posición de vulnerabilidad económica bajo un régimen de pensiones privatizado, según indicó la académica Verónica Montes de Oca Zavala, del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM.
Actualmente, aproximadamente el 12.8% de la población, que se traduce en alrededor de 17 millones de personas, tiene 60 años o más, y por primera vez en la historia de México, este segmento de la población está creciendo de manera constante.
Según proyecciones de la UNAM, para el año 2030, la proporción de adultos mayores podría llegar hasta el 20% en regiones como la Ciudad de México y el Estado de México, lo cual modificará la estructura poblacional y exigirá respuestas innovadoras por parte del Estado y la sociedad.
Montes de Oca destacó que estamos ante un cambio civilizatorio: “nunca antes habíamos alcanzado tal longevidad”, aunque esto no implica necesariamente que se viva con dignidad o seguridad.
Pensiones privatizadas y ahorros en riesgo
El aspecto más crítico del envejecimiento en México es la seguridad económica durante la vejez. La especialista señaló que el sistema de pensiones fue trasladado al sector privado, dejando los ahorros de los trabajadores en manos de entidades financieras que aplican altas comisiones y juegan con estos fondos.
Este esquema pone a los adultos mayores frente a una vejez incierta, con ingresos insuficientes y sujetos a las fluctuaciones del mercado, incrementando la desigualdad y vulnerabilizando aún más la vida económica post-retiro.
Aquellos que no lograron ahorrar suficiente durante su vida laboral o que trabajaron en la informalidad enfrentan una situación aún más difícil: dependen de pensiones no contributivas o del apoyo familiar, evidenciando la ausencia de un sistema de protección robusto y universal.
Mayores desafíos para una población envejeciente
La académica también resaltó que vivimos un momento histórico único donde varias generaciones conviven, lo que ofrece oportunidades de interacción pero también expone las brechas entre quienes envejecen con recursos y quienes lo hacen en precariedad.
El envejecimiento afecta no solo al sistema de salud, sino también a la economía doméstica, la vivienda, la organización laboral y los cuidados. Sin garantías de una vida digna post-retiro, el envejecimiento podría convertirse en un asunto de exclusión, no de derechos.
Los expertos coinciden en la necesidad urgente de revisar el modelo de pensiones y la función del Estado en este contexto. En esencia, el desafío incluye:
- Reformar el sistema de ahorro para el retiro, regulando de manera más efectiva a las administradoras privadas y asegurando que las pensiones sean suficientes para una vida digna.
- Proteger a aquellos que no cotizaron o lo hicieron de manera intermitente, para prevenir que la vejez se convierta en sinónimo de pobreza.
- Fomentar una cultura de envejecimiento digno, que incluya salud, autonomía, cuidados y seguridad financiera.
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