El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advierte que las exenciones y tasas reducidas dentro del sistema fiscal sumaron en 2026 casi 776,000 millones de pesos, una cifra que obliga a preguntarse si esos beneficios siguen cumpliendo los objetivos sociales que motivaron su creación. En un contexto de limitaciones presupuestales, el organismo pide evaluaciones periódicas para medir su eficacia, su impacto distributivo y su costo real para las finanzas públicas.
El estudio —firmado por el investigador Jonathan Hernández— identifica diez principales **renuncias recaudatorias** que concentran la mayor parte del gasto tributario. Entre ellas figuran la tasa cero de IVA aplicada a alimentos, deducciones en el ISR para personas físicas y morales, y estímulos a combustibles.
¿Cuánto representan en la práctica?
El informe cuantifica el impacto total en 2026 en 775,893 millones de pesos, cifra equivalente a poco más del 2% del Producto Interno Bruto nacional. Una parte importante de ese monto se concentra en beneficios generales, aplicados sin discriminación por nivel de ingreso.
- Renuncias totales: 775,893 mdp (≈2.1% del PIB)
- Renuncias de alto costo y beneficio generalizado: 536,395 mdp (≈1.44% del PIB)
- Tasa cero de IVA a alimentos: 471,748 mdp (≈1.26% del PIB)
- Exenciones de IVA a servicios de enseñanza: 38,482 mdp (≈0.1% del PIB)
- Exenciones de IVA a vivienda: 26,165 mdp (≈0.07% del PIB)
El análisis subraya que, aunque muchos de estos instrumentos se justifican por su relación con necesidades básicas o bienes de interés social, su aplicación de forma amplia hace que el beneficio llegue por igual a hogares de distintos niveles de ingreso, sin priorizar a quienes más lo requieren.
“En un escenario donde la demanda de recursos públicos crece y la transparencia es exigida con mayor fuerza, no basta con mantener estos regímenes; es necesario evaluarlos”, explica Hernández, enfatizando la necesidad de medir quiénes capturan efectivamente las ganancias fiscales.
Problemas concretos y preguntas pendientes
El CIEP plantea varias interrogantes operativas: ¿la exención del IVA en alimentos está llegando preferentemente a los hogares con menores ingresos? ¿Existen mecanismos alternativos más progresivos y trazables que garanticen el objetivo social sin generar fugas de beneficio hacia los más acomodados?
En el caso de la educación, las exenciones del IVA respaldan en gran medida servicios privados: su aprovechamiento depende de la capacidad de las familias para pagar colegiaturas. Lo mismo ocurre con las exenciones a vivienda, donde el beneficio puede traducirse en efectos patrimoniales y favorecer a quienes ya cuentan con mayor capacidad de inversión.
La discusión, apunta el informe, no se trata de cuestionar la relevancia pública de la educación o la vivienda, sino de evaluar si la exención fiscal es la mejor herramienta para alcanzarlas y cómo medir su eficacia.
Qué debería suceder ahora
Entre las recomendaciones, el CIEP impulsa:
- Evaluaciones periódicas y públicas sobre la pertinencia y eficacia de cada renuncia.
- Análisis de incidencia distributiva para identificar a los beneficiarios reales.
- Búsqueda de alternativas más focalizadas y costo-efectivas (por ejemplo, transferencias dirigidas o programas trazables).
- Mayor transparencia en el cálculo y seguimiento del costo fiscal asociado a estos regímenes.
Las decisiones que se tomen respecto a estas renuncias repercutirán en la capacidad del Estado para financiar servicios públicos prioritarios. En resumen: revisar lo que se deja de recaudar hoy puede abrir margen para fortalecer políticas sociales mañana.
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