SIN AZÚCAR
Jorge Chi Segovia
Muchos campechanos, en particular nuestros hermanos de Carmen y Seybaplaya, recuerdan con precisión el evento calificado en su momento como histórico, en donde -a poco más de siete meses de concluir su mandato constitucional- el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en su penúltima visita al estado, firmó el decreto mediante el cual hizo la declaratoria de las dos Zonas Económicas Especiales para Campeche.
El paso trascendental dado para sentar las bases del desarrollo industrial de la entidad entusiasmo a priori a mucha gente, puesto que en Seybaplaya se ubicaría uno de los dos polígonos de las ZEE proyectadas. El otro, en la Isla carmelita, habiéndose creado muchas expectativas entre los diversos sectores económicos locales por el alcance que tendrían a mediano y largo plazos.
Todo tenía una razón de ser, un motivo poderoso que conllevaba el cumplimiento de los compromisos que había pactado con el pueblo el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Para unos, un iluso soñador de la modernización del estado. Para la mayor parte de campechanos, impulsor del crecimiento sostenido y de transformación de Campeche.
Con la entrada en vigor de estas Zonas Económicas Especiales se abrían las puertas para la llegada de inversiones nacionales y extranjeras a Carmen y Seybaplaya, una decisión importante del Gobierno federal con valor específico que ineludiblemente tuvo una connotación económica y política que superaba lo alcanzado con anterioridad en este sentido.
Se hablaba de la apertura de 51 mil nuevas plazas de trabajo, con la llegada de inversiones por el orden de los tres mil 675 millones de dólares en un máximo de 20 años, de acuerdo a estimaciones de la desaparecida Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).
Con esta proyección, la entidad se ubicaba en lugar preferente dentro de las estrategias de reactivación económica y desarrollo productivo trazadas por Peña Nieto, como un acto de justicia fiscal para resarcir la inequidad que por décadas había prevalecido hacia Campeche, pero también para darle un empujón a la otrora poderosa economía de Carmen impactada directamente por la crisis petrolera de esos años, en donde se perdieron más de 30 mil empleos.
De acuerdo a las perspectivas oficiales, las ZEE tenían programado aprovechar los beneficios de la Reforma Energética y las inversiones relacionadas con los sectores de hidrocarburos y energéticos, además de desarrollar otros sectores para reducir la dependencia del sector energético en materia de empleo.
Muchos visionaron una Seybaplaya transformada, en emporio industrial y en zona de alto crecimiento económico, lo que sin lugar a dudas cristalizaría el sueño que desde tiempo atrás destilaron algunos Gobernadores para convertir el puerto en centro de inversiones y de bienestar para hombres y mujeres valerosos que luchan a diario por un mejor porvenir para sus hijos.
Independientemente de la modernización del puerto y de la infraestructura carretera, allí, en Seyba, inició la activación de proyectos alternos, como resultado de la participación de la iniciativa privada en el despunte del desarrollo inmobiliario del estado. Con una inversión estimada en 79.7 millones de pesos, comenzó a tambor batiente la construcción del primer fraccionamiento con 101 viviendas, con el objetivo de atender la demanda de techo en esa ciudad.
Pero la “cuarta transformación” dejó con un palmo en las narices la instalación de las Zonas Económicas Especiales, que representaban una opción para darle al estado una alternativa sólida; una salida viable para crecer y reparar el daño económico que derivó de la hecatombe petrolera de 2014-2015, sólo superada por la que originaron China y Rusia en el último tramo de 2019, sin imaginar siquiera que pronto habría de aparecer el dragón echando lumbre por el hocico arrasando a todo el mundo.
La asunción del gobernador Carlos Miguel Aysa González marcó el inicio de una nueva etapa de trabajo para recomponer el camino y aprovechar lo hecho, sobre todo en el puerto de Seybaplaya. Consciente de que la decisión tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador era incuestionable, irreversible, por todo aquello de su política sexenal, estableció estrategias para compensar el golpe asestado.
Las tablas políticas del Gobernador, su capacidad de diálogo, respetuoso, pero incisivo cuando se trata de gestionar beneficios para la gente, permitieron que López Obrador ordenará, a partir del 9 de marzo pasado, el establecimiento de Pemex en el puerto de Seybaplaya, como punto de partida para impulsar la llegada de grandes transnacionales, tales como Halliburton, Schlumberger, Weatherford y Baker Hughes., dedicadas al mantenimiento de plataformas petroleras.
Trece días después, Pemex celebró la Sesión 954 ordinaria de su Consejo de Administración en Ciudad del Carmen, instruyendo con ello el traslado de las oficinas nacionales de la empresa a la Isla, promesa de AMLO a la que se le había dado largas. Dos decisiones de Andrés Manuel aplaudas por los campechanos. Pronto, habrían de encontrar escollos en el camino: la pandemia por el Coronavirus y la caída estrepitosa en el precio del petróleo.
Es de entender, y se entiende, que a Carlos Miguel Aysa le toca en estos momentos la parte más difícil y complicada de su administración, que no significa impedimento para responderles a los campechanos, sino un aliciente para seguir adelante, contra viento y marea, así tenga que multiplicar los días y las noches para llegar al final de la jornada con la satisfacción del deber cumplido.
