Aunque el gobierno aumentó el presupuesto de salud, el gasto público de México sigue muy por debajo de lo que recomiendan organismos internacionales, lo que plantea riesgos inmediatos para la atención y la equidad del sistema. Con una proyección cercana al 2.6% del PIB para 2026 frente al mínimo sugerido por la OMS de 6%, las diferencias en recursos entre asegurados y no asegurados agregan presión sobre hospitales y servicios básicos.
¿Dónde está el dinero y qué cambió este año?
Al cierre de 2024, el gobierno federal ejecutó recursos en salud equivalentes a alrededor del 2.7% del Producto Interno Bruto. Para 2026, pese al incremento nominal aprobado en el presupuesto, la cifra estimada cae a 2.6% del PIB, lo que refleja que el aumento no compensa el crecimiento de la economía ni la demanda de servicios.
En términos absolutos, entre enero y mayo el gasto programable total del gobierno ascendió a 2.62 billones de pesos, de los cuales 385,545 millones se destinaron a la función de salud (13.5% del gasto programable). Ese monto representó un crecimiento interanual del 20.9% para el periodo.
Brechas internas: quién recibe más y por qué importa
El reparto de recursos muestra desigualdades marcadas según la condición laboral. Según análisis especializados, una persona con cobertura de instituciones como el IMSS o el ISSSTE dispone de alrededor de 2.3 veces más recursos que alguien atendido por IMSS Bienestar, el esquema orientado a quienes no cuentan con seguridad social.
Esta disparidad no es solo un número: implica diferencias en acceso a consultas, hospitalización y tratamientos, y aumenta la probabilidad de que ciertos grupos experimenten demora en atención o costos fuera de bolsillo.
Qué dicen autoridades y evaluadores
La Secretaría de Hacienda reconoce que el financiamiento del sistema de salud es un reto y afirma la intención de acercar el gasto mexicano al de países más desarrollados para garantizar atención médica gratuita y hospitalaria para toda la población.
Organizaciones analíticas advierten, sin embargo, que el incremento aprobado —965,700 millones de pesos para este año, aproximadamente 5.9% más que el año anterior— pierde peso al compararlo con el tamaño de la economía y con las necesidades por persona. En resumen: hay más recursos, pero baja prioridad relativa dentro del presupuesto total.
Contexto regional y lecciones de la pandemia
En el promedio de países de la CEPAL, el gasto público en salud llegó a 3% del PIB en 2022, pero también mostró una tendencia a la baja después del pico pandémico. La experiencia reciente confirma que aumentos temporales no siempre se traducen en fortalecimiento permanente del sistema.
La pandemia subrayó la necesidad de revisar asignaciones entre sectores, mantener inversiones sostenidas y asegurar que los servicios sean accesibles sin que representen una carga económica para las familias.
Implicaciones prácticas para la población
- Acceso: menos recursos relativos significan mayor presión en clínicas y hospitales, con posibilidad de citas más tardías.
- Calidad: la insuficiencia presupuestaria limita renovación de equipos, suministros y capacitación.
- Equidad: la diferencia de 2.3 veces entre regímenes evidencia una distribución desigual del financiamiento.
- Protección financiera: si la inversión no crece en términos reales, más familias podrían enfrentar gastos directos por atención médica.
| Concepto | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| Gasto público en salud (2024) | ~2.7% del PIB | Ejecutado por el gobierno federal |
| Proyección 2026 | 2.6% del PIB | Aun con aumento nominal en el presupuesto |
| Recomendación OMS | 6% del PIB | Nivel mínimo sugerido para cobertura amplia |
| Presupuesto aprobado 2026 | 965,700 mdp | Incremento de ~5.9% respecto al año previo |
| Gasto programable (ene-may) | 385,545 mdp | 13.5% del gasto programable; crecimiento interanual 20.9% |
| Desigualdad por aseguramiento | 2.3 veces | Recursos por persona, comparación IMSS/ISSSTE vs IMSS Bienestar |
En resumen, el aumento nominal en el presupuesto no modifica la realidad central: México mantiene un gasto público en salud por debajo de estándares internacionales y con fuertes desigualdades internas. El desafío inmediato es convertir incrementos puntuales en financiamiento sostenido que mejore la cobertura, reduzca brechas y asegure atención oportuna para quienes más la necesitan.
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