Indonesia anunció la suspensión —y posiblemente la cancelación— de un ambicioso plan estatal que habría transformado millones de hectáreas de bosques y humedales en tierras agrícolas. La decisión, comunicada en un foro en Yakarta, detiene por ahora la expansión prevista y tiene implicaciones directas para el clima, la biodiversidad y las comunidades locales.
El Gobierno informó que, tras alcanzar la autosuficiencia en arroz varios años antes de lo proyectado, aproximadamente 4.4 millones de acres de selva, pantanos y turberas no serán convertidos en plantaciones. La medida fue acordada entre los ministerios de Agricultura y Bosques y el Consejo Nacional de Economía.
En un encuentro sobre sostenibilidad a principios de octubre, Hashim Djojohadikusumo —enviado especial de Indonesia para clima y energía— dijo que las áreas originalmente previstas para arrozales quedarán sin tocar. El avance en la producción agrícola, impulsado por incentivos, mejoras genéticas en los cultivos y subsidios a fertilizantes, permitió anticipar la meta nacional.
La decisión evita la apertura de tierras en regiones sensibles como Kalimantan (Borneo) y el sur de Papúa (Nueva Guinea), donde los planes incluían convertir turberas y pantanos en campos productivos. Estos ecosistemas almacenan cantidades de carbono superiores a muchos bosques, por lo que su alteración habría elevado el riesgo climático.
Organizaciones ambientales e indígenas habían criticado con fuerza el proyecto. Según datos satelitales citados por grupos de conservación, desde 2024 se han transformado cerca de 90,000 acres en el marco del programa. Activistas y expertos ahora piden que la paralización se concrete en políticas que prioricen la restauración y la participación comunitaria.
Mari Elka Pangestu, subdirectora del Consejo Nacional de Economía, señaló que el país dispone de una alternativa: más de 28 millones de acres de terrenos degradados que podrían ser reutilizados para agricultura subsidiada o producción de biocombustibles.
Los responsables del sector acordaron que cualquier nueva expansión agrícola financiada por el Estado —ya sea para alimentos o para bioetanol— se hará sobre tierras previamente alteradas, no sobre bosques intactos ni turberas.
Reacciones inmediatas:
- Grupos conservacionistas celebraron la decisión como un avance relevante para la protección del carbono almacenado y la conservación de especies emblemáticas como orangutanes y monos narigudos.
- Organizaciones comunitarias piden mecanismos de supervisión transparente y recursos para reparar daños en áreas ya afectadas.
- Analistas señalan que la política podría marcar un precedente regional sobre cómo equilibrar seguridad alimentaria y conservación.
Glenn Hurowitz, director ejecutivo de la ONG Mighty Earth, describió el giro de Jakarta como una determinación de alcance global y pidió vigilancia para asegurar su implementación, así como apoyo a las comunidades papúas afectadas por conversiones previas.
Qué está en juego ahora: el resultado práctico dependerá de la puesta en marcha de normas claras, seguimiento satelital y acuerdos con poblaciones locales para restaurar áreas degradadas. Si se cumple, la medida puede reducir emisiones, conservar hábitats únicos y cambiar la forma en que Indonesia planifica su seguridad alimentaria.
En los próximos meses habrá que ver si la suspensión se convierte en una política permanente o en un alto temporal condicionado por necesidades productivas. Para la comunidad internacional, la señal es relevante: una gran economía tropical opta por priorizar tierras ya transformadas en lugar de exponer ecosistemas frágiles.
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