La ONG Oxfam acusa al Fondo Monetario Internacional (FMI) de haber exigido ajustes fiscales más agresivos a países endeudados en la última década, una práctica que, según la organización, está dejando a servicios públicos básicos en situación crítica. La disputa vuelve a tomar relevancia cuando el Fondo revisa su enfoque de condicionalidad y muchos gobiernos enfrentan presiones por equilibrar finanzas sin perjudicar a las poblaciones más vulnerables.
Qué dice el informe y por qué importa
Oxfam sostiene que entre 2018 y 2025 el FMI solicitó recortes del gasto público superiores a 2 puntos del PIB en casi la mitad de los países con programas de préstamo, un aumento notable respecto al periodo 2012–2017. Para la ONG, estas reducciones no solo limitan la capacidad del Estado para ofrecer salud, educación y vivienda, sino que también elevan el riesgo de mayor desigualdad y retrocesos en desarrollo social.
Desde la óptica del FMI, los programas incorporan mecanismos para proteger a los grupos más expuestos y también promueven medidas para aumentar la recaudación doméstica. La portavoz del organismo afirmó que existen “márgenes mínimos” destinados al gasto social y que las reformas suelen incluir opciones para mejorar ingresos fiscales, no solo recortes.
Datos clave
| Periodo | Países con recortes >2% del PIB (número/total) | Observación |
|---|---|---|
| 2018–2025 | 25 de 54 (~46%) | Mayor incidencia de recortes frontales en programas |
| 2012–2017 | 12 de 42 (~29%) | Frecuencia menor de ajustes inmediatos |
| Gasto promedio en países de bajos ingresos | Protección social: 0.8% del PIB; Educación: menos de 4% del PIB | |
Esos números explican por qué expertos y organizaciones sociales llaman la atención: cuando la base de gasto social es baja, cualquier reducción tiene efectos desproporcionados sobre los servicios públicos.
Consecuencias concretas
- Reducción de recursos para salud pública y educación en contextos con márgenes fiscales ya estrechos.
- Mayor vulnerabilidad de hogares de bajos ingresos ante crisis económicas o sanitarias.
- Riesgo de retroceso en indicadores sociales clave, como cobertura educativa y acceso a atención médica.
Oxfam advierte además que el Fondo podría institucionalizar lo que describe como un “ajuste fiscal inicial” —esto es, exigir recortes contundentes al inicio de un programa— en lugar de aplicar reducciones graduales y selectivas. Para la ONG, ese enfoque recuerda modelos del pasado que tuvieron impactos negativos en bienestar y equidad.
Qué proponen y qué responde el FMI
La organización pide al Directorio Ejecutivo del Fondo que revise la práctica y garantice que los programas no profundicen la desigualdad. Entre las alternativas que plantea Oxfam están priorizar la protección del gasto social, avanzar en fórmulas de recaudación más progresivas y explorar alivios de deuda que liberen espacio fiscal sin recortes drásticos.
El FMI, por su parte, insiste en que sus programas contienen salvaguardas para los gastos sociales y promueven medidas de fortalecimiento de la recaudación nacional. En su comunicación pública, el Fondo subraya la intención de equilibrar la sostenibilidad fiscal con la protección de los más vulnerables, aunque reconoce que las estrategias varían según el país y el contexto macroeconómico.
La discusión es relevante hoy porque las decisiones sobre condicionalidad influyen en la forma en que los países emergen de crisis económicas, gestionan la deuda y mantienen servicios esenciales. Para comunidades y gobiernos con recursos limitados, el diseño de esos programas determinará en gran medida si la recuperación será inclusiva o reforzará desigualdades ya existentes.
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