Petróleos Mexicanos reportó en el primer trimestre de 2026 una caída significativa en las pérdidas atribuibles al robo de combustible, mientras que el gobierno reforzó los controles para mejorar la trazabilidad y la facturación del sector. Estos movimientos buscan reducir el impacto operativo y fiscal de la llamada “huachicol” y obligan a establecimientos a demostrar permisos vigentes para poder facturar ventas de combustibles.
Según el informe trimestral de la empresa estatal, las pérdidas por sustracción de combustible se redujeron respecto al mismo periodo del año anterior, una señal de avance en las acciones contra el comercio ilícito de hidrocarburos.
Datos financieros y explicaciones de la variación
En términos concretos, Pemex situó el costo de ventas —incluido el efecto por deterioro de activos fijos— en 277,000 millones de pesos, una baja de 3.3% anual. La petrolera atribuye esta disminución a varios factores operativos y contables que afectan su estructura de costos.
- Pérdidas por robo: pasaron de 5,471 millones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 3,812 millones en el mismo periodo de 2026.
- Reducción en compras de productos: 34,400 millones de pesos menos en adquisiciones.
- Pozos no exitosos: disminuyeron costos por 1,600 millones de pesos.
- Variación de inventarios: efecto favorable de 11,200 millones de pesos.
La compañía sostiene que esos movimientos explican la menor presión sobre sus costos y reflejan, al menos en parte, los resultados de las medidas gubernamentales contra el robo y la comercialización ilegal de combustibles.
Nuevo requisito de facturación y trazabilidad
El 24 de abril entró en vigor el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos dentro del CFDI. La autoridad fiscal (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, diseñó este complemento para reforzar la trazabilidad de los combustibles y dar mayor certeza sobre su comercialización.
Con esta regla, los expendios que vendan gasolina regular, gasolina premium y diésel deben contar con un permiso vigente ante la autoridad competente para emitir CFDI por estas operaciones; si no lo incorporan en sus procesos, no podrán facturar por esos conceptos. Los permisionarios pueden validar y, en su caso, regularizar su situación en el portal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El combate al robo de hidrocarburos en el marco del PNSP
El gobierno también incluyó el combate contra el robo de hidrocarburos en el PNSP 2026-2030, publicado recientemente. El documento califica a la sustracción ilegal de combustibles como uno de los principales riesgos operativos y financieros del sector.
En el texto del plan se detalla que las prácticas ilícitas abarcan desde la perforación clandestina de ductos hasta la manipulación y transporte ilegal de combustibles, así como su comercialización en circuitos no regulados.
Las tomas clandestinas y la actividad relacionada se concentran en corredores con alta densidad de infraestructura y presencia de grupos delictivos. Estados con incidencia recurrente señalados por las autoridades incluyen: Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Qué implica esto para la ciudadanía y el sector
Las autoridades argumentan que las nuevas reglas y controles buscan tres efectos claros: mejorar la legalidad del mercado de combustibles, reducir pérdidas para la empresa productiva del Estado y fortalecer la recaudación vinculada a estas ventas. Para los comercios, el cambio significa adaptar sistemas de facturación y comprobar permisos para evitar sanciones o la imposibilidad de emitir CFDI por ventas de hidrocarburos.
En resumen, los resultados financieros de Pemex para el primer trimestre de 2026 muestran una reducción en las pérdidas por robo de combustible y un menor costo de ventas, mientras que las autoridades fiscales y energéticas endurecen medidas administrativas para cerrar espacios al comercio ilegal. El seguimiento de estas acciones será clave para determinar si la tendencia a la baja se mantiene y cómo repercute en la disponibilidad y legalidad del suministro.
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