Analistas de Barclays advierten que las actuales condiciones internacionales complican la continuidad del plan de consolidación fiscal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante 2024. El punto crítico es el alza en los combustibles: si el crudo se mantiene alto, habrá presiones sobre el déficit y la deuda pública que afectarán las finanzas y el bolsillo de los mexicanos.
Qué está en juego ahora
En su informe semanal, Barclays plantea un escenario en el que el petróleo crudo cotiza cerca de los 100 dólares por barril durante el resto del año. Bajo esas condiciones —y sin cambios significativos en el margen de refinación ni en el tipo de cambio—, el banco estima que el déficit fiscal podría situarse entre 4.5% y 4.8% del PIB, con una deuda alrededor del 54% del PIB.
Es una desviación moderada frente a las proyecciones oficiales: un déficit de 4.3% y deuda de 53.5% del Producto. Pero, subrayan los analistas, incluso diferencias aparentemente pequeñas se traducen en mayores tensiones presupuestarias y en decisiones difíciles sobre ingresos y gasto.
El rol crítico del precio de la gasolina
Barclays señala que el factor que más condiciona la política fiscal es el precio de la gasolina. Mantenerlo estable es una prioridad del gobierno porque cualquier traslado del aumento internacional al consumidor tendría efectos sociales y políticos inmediatos.
Si la subida del crudo se prolonga y se amplía el diferencial de refinación, el costo fiscal crecería: el gobierno tendría que elegir entre aceptar un déficit mayor o aplicar medidas para contener el precio final al público.
- Reducir el IEPS sobre combustibles para suavizar el precio al consumidor.
- Subsidios directos a estaciones o importadores para evitar incrementos en bomba.
- Ambas opciones implican menor recaudación y presión sobre las cuentas públicas.
Diesel: un canal de presión inflacionaria
A diferencia de la gasolina regular —que cuenta con mecanismos para estabilizar su precio promedio en el mercado interno—, el diesel no tiene un esquema automático equivalente. Esto significa que aumentos internacionales del combustible tenderán a trasladarse a costos de producción y transporte.
El resultado esperado, según el análisis, es una presión al alza en el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), que a su vez puede contagiar a precios al consumidor a través de varios canales.
Las áreas más vulnerables: tarifas aéreas, fertilizantes (con impacto directo en frutas y verduras), alimentos procesados y servicios de comida fuera del hogar.
Cómo se absorbe el costo en las finanzas públicas
Históricamente, México ha compensado parte del golpe a través de ingresos petroleros adicionales. Sin embargo, Barclays recuerda que el volumen de exportación actual es aproximadamente la mitad del registrado en 2022, cuando los precios internacionales también subieron.
Al mismo tiempo, Pemex ha incrementado su capacidad de refinación —produciendo cerca de 1.5 veces más gasolina y 1.9 veces más diesel que en 2022—, lo que aporta oferta interna y modera algo la transmisión del precio internacional.
Además, la evolución del tipo de cambio durante el año ha jugado un papel en la dinámica de precios, atenuando o amplificando los efectos según su comportamiento frente al dólar.
Impactos concretos para la población y las finanzas
- Consumidores: mayor riesgo de que suban los precios en gasolina, transporte y alimentos.
- Inflación: presiones vía INPP pueden derivar en mayor inflación general si se propagan a la canasta básica.
- Presupuesto público: opciones para contener precios reducirían ingresos fiscales o aumentarían el déficit.
- Política económica: el gobierno deberá balancear estabilidad social, objetivos fiscales y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En resumen, la combinación de un petróleo caro, un mercado interno con diferencias en los mecanismos de estabilización de combustibles y una menor capacidad de exportación obliga a las autoridades a tomar decisiones delicadas. La elección entre permitir ajustes de precios o proteger el consumo tendrá consecuencias directas en las cuentas públicas y en la inflación que pagarán los hogares.
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