Recomendaciones a PGR y CNS suben 117%

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“Erróneo, uso de la fuerza como única respuesta del Estado a la violencia”, afirma Luis Raúl González al presentar el informe de actividades de la CNDH

Eugenia Jiménez/México

En materia de derechos humanos “el balance no es favorable” para la actual administración, porque “la sociedad clama por seguridad, por poner un alto a la violencia, porque la legalidad impere, la impunidad se reduzca y la corrupción se sancione”, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al señalar que en 2017 se registró un aumento de 117 por ciento en el número de recomendaciones emitidas contra la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR) con respecto a 2016.
Al presentar su informe anual ante el presidente Enrique Peña Nieto, en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional indicó que “México tiene una institucionalidad débil”, por lo que “es preciso desvincular la integración y operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole”.
González Pérez dijo al jefe del Ejecutivo que pese al compromiso presidencial de atender las violaciones a los derechos humanos, “sus exhortos, propuestas y determinaciones encontraron poco eco en las distintas autoridades. Es mi deber informar a usted y a la opinión pública que esa instrucción no fue atendida en sus términos”.
De poco sirve, consideró, que la CNDH ponga en evidencia y denuncie la problemáticas en el ámbito de los derechos humanos, “si la respuesta por parte de las autoridades no llega con la oportunidad y pertinencia debidas”.
Durante 2017 se emitieron 97 instrumentos recomendatorios que comprendieron: 81 recomendaciones ordinarias, cinco por violaciones graves, ocho del mecanismo de prevención de la tortura y tres generales.
Las 81 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 62 autoridades, lo cual significó un aumento de 14 por ciento frente a lo registrado en 2016. Las seis autoridades destinatarias del mayor número de recomendaciones durante este periodo son: el IMSS, en 19 casos; la Comisión Nacional de Seguridad, 13; la Procuraduría General de la República, 13; el Instituto Nacional de Migración, 7; el Issste, 4, y la Secretaría de Marina, con 4. En este rubro es de destacar el incremento de 117 por ciento, respecto de 2016, en el número de recomendaciones emitidas contra la CNS y la PGR, a las cuales hace dos años les fueron enviadas, a cada una, cuatro.
“No hay cambio significativo”
Ante los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; de Salud, José Narro, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, entre otros integrantes del gabinete y representantes de organizaciones civiles, González enfatizó al Presidente que México, en derechos humanos “no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos. Tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”. Estos, dijo, han dejado “saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante este periodo”.
El ombudsman advirtió: “Los mexicanos no podemos seguir limitando nuestro destino y planes de desarrollo profesional y vida personal al miedo, a la desconfianza y a la incertidumbre que generan la inseguridad, la violencia y la impunidad. Requerimos una transición a la genuina legalidad, sustentada en el respeto de los derechos humanos”.
Sin seguridad, destacó Gónzález Pérez, no habrá respeto a los derechos humanos y las medidas de seguridad que “se adopten no podrán ser aceptables y serán vistas como una imposición autoritaria”. Por eso, dijo, es un error suponer que solo el uso de la fuerza, por legítimo que este sea, deba ser la única respuesta del Estado. La violencia ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas.
El titular de la CNDH puntualizó que en este sexenio se registraron violaciones graves a los derechos humanos que lo marcaron, como son los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. “Son solo algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos”, remarcó.
Al informar sobre la violencia contra los periodistas, el ombudsman nacional señaló que “el escenario no es más alentador” que en el sexenio anterior, cuando hubo 52 homicidios de comunicadores. A ocho meses de que culmine la actual administración ya se registró un número igual que en el sexenio anterior, lo que eleva la cifra de periodistas privados de la vida a 104 en 12 años. Asesinatos que, en su mayoría, siguen en la impunidad, resaltó.
Para el presidente de la CNDH, aún hay “tiempo de definir y lograr el país y la sociedad que queremos para nuestro futuro. Los meses que restan a su gestión, señor Presidente, son todavía una oportunidad de abonar a la consecución de un mejor entorno para todas y todos los mexicanos”.

Milenio Diario