Meade, por ley de extinción expedita contra el crimen

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El aspirante a la Presidencia expresó que no esperará a que pasen las elecciones para trabajar en el tema

Israel Navarro/México

El precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, propondrá ante el Congreso de la Unión, vía los partidos que impulsan su nominación, una ley de extinción de dominio expedita, a fin de golpear la estructura financiera de la delincuencia organizada.
El proyecto que presentó explica que a través de reformas a los artículos 22 y 102 constitucionales se busca que la autoridad no esté obligada a demostrar a un acusado la adquisición de bienes con dinero ilícito, con lo que puede actuar con “elementos mínimos suficientes” para presumir la ilegalidad de propiedades o recursos económicos.
“El procedimiento de extinción de dominio debe tener un estándar de prueba más bajo, pues su pretensión no es demostrar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de una persona, sino demostrar la probabilidad prevaleciente en un grado mínimo necesario de que las proposiciones formuladas dentro del juicio son verdaderas o falsas.
“Con estos procedimientos ya no es necesario demostrar en corte que un automóvil fue comprado con dinero del narcotráfico o a través del contrabando, sino únicamente que existen elementos suficientes para presumirlo, revirtiendo la carga de la prueba respecto a su origen legítimo al particular”, establece la propuesta legislativa.
Al respecto, el penalista Gabriel Regino afirmó que esta reforma es un buen complemento en el combate al crimen organizado, porque aclara que los procesos se llevarán a cabo en juzgados civiles.
Rechazó que viole la presunción de inocencia, ya que la extinción de dominio se aplica a bienes y propiedades, no a personas. “No abona a arbitrariedades, su base está fundada y motivada en indicios. No se establece una presunción a capricho”, indicó.
Asimismo, Meade planteó penas de hasta 16 millones de pesos y 10 años de inhabilitación a funcionarios que incurran en peculado.
“La sanción económica a personas físicas podrá alcanzar hasta tres tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de 100 o hasta 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; mientras que la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años”, detalla.
De acuerdo con el proyecto que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las sanciones económicas para las empresas son de hasta 160 millones de pesos y no podrán participar en procesos de licitación por hasta 15 años.
“La sanción económica a personas morales alcanzará hasta tres tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta 2 millones de veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas será por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de 15 años”, señala.
El documento también propone que, con cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Congreso, todos los funcionarios públicos y legisladores cuenten con un “certificado patrimonial”, que se revisará cada año para supervisar el avance de su riqueza.
Las certificaciones serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria, mientras que los registros públicos de la propiedad deberán estar avalados por la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación.
En un mensaje a medios en la Ciudad de México, Meade aseguró que va en serio y a fondo en el combate a la corrupción y la impunidad del país.
Refirió que la iniciativa tiene como base tres ejes: uno, reparación del daño de los recursos públicos vía la ley de extinción de dominio de las propiedades de los funcionarios que incurran en cohecho.
Dos, aumentar las penas a los servidores públicos que hagan mal uso de los recursos públicos. Y tres, certificación patrimonial de los funcionarios públicos.
El precandidato expresó que no esperará a que pasen las elecciones para trabajar en la materia y llamó a los partidos que lo respaldan y a la sociedad a “cerrar filas e ir unidos contra la corrupción e impunidad”.

Milenio Diario