¿Pasos en la azotea?

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Campeche, el país entero, vive momentos sensibles y trascendentales en el aspecto político. La elección del nuevo Presidente de la República es tema que acapara la atención de propios y extraños. Un asunto que se definirá sin fórmulas milagrosas ni pócimas encantadoras. La decisión que tome la ciudadanía nacional será determinante para continuar con el desarrollo del país o para llevarlo al precipicio de la ignominia. No valdrá quejarse después.
El ambiente político es delicado, más de lo que algunos suponen. Ineludiblemente la gente se encuentra lastimada por los actos de corrupción; por la impunidad, mentira y populismo, primo hermano del caudillismo, que involucra a todos los partidos, incluso al que promulga la honestidad. El pueblo tiene memoria y no olvida a aquéllos que en un tiempo estaban de un lado, y ahora se encuentran del otro criticando lo que en otras épocas aplaudían.
Por distintos medios, los mexicanos dejan sentir ese malestar. Exigen gobernantes honestos y transparentes, comprometidos con la sociedad a la que se deben. El horno, por supuesto, no está para bollos, y se requiere más que nada a líderes con autoridad moral, que sepan distinguir la diferencia entre el ser y el estar. Que no le tengan miedo a la oscuridad.
Quienes asumen la responsabilidad de gobernar, al menos en Campeche como en otras entidades del país, ya no cuentan con la inmunidad procesal en el desempeño de sus funciones, de verse involucrados en algún delito. Esto conlleva a señalar que la política, además de habilidad, destreza y capacidad de mando, es ahora un acto de transparencia, sin simulaciones, que privilegia el interés superior del pueblo.
En este escenario inédito, la detención del presidente municipal de Palizada a mediados del mes pasado, implicado en el delito de peculado, marcó un importante precedente en la historia política del estado, aunque -como era de esperarse- generó una serie de conjeturas sensatas, pero también inquisitorias y acusadoras que, en todo caso, se alzaron como los contrapesos de un hecho que puso nerviosos a otros munícipes por similares circunstancias.
La aprehensión del alcalde en funciones, postulado por el PAN, movió los viejos molinos de viento del Apocalipsis en todo el estado, como anticipando nuevas detenciones de servidores públicos, entre ellos otros presidentes municipales que por incapacidad o latrocinio le han fallado al pueblo; que han traicionado la confianza de quienes le dieron su voto al considerarlos como los mejores. Las evidencias dicen todo lo contrario y debe servir de ejemplo a quienes aspiran ocupar la silla edilicia en los 11 municipios de la entidad.
Si se parte de que tesitura de que la aplicación de la ley en Campeche, a partir del 16 de septiembre de 2015, dio un giro de 180 grados con acciones encaminadas a combatir la corrupción, que para unos representó más de lo mismo, se puede deducir que vendrán más detenciones frente a actos de corrupción en sus distintas modalidades, en respuesta a la exigencia de los campechanos de poner un “hasta aquí” a los malos servidores públicos.
La solicitud de protección ante la máxima autoridad judicial del país que presentaron hace poco los presidentes municipales de Carmen, Candelaria y Calakmul, los tres también pintados de azul, ante posibles ejecuciones de órdenes de aprehensión, a raíz de las investigaciones practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), es síntoma inequívoco de que algo grueso tienen enfrente que los asusta y atemoriza.
Sería ocioso y hasta cierto punto peligroso confundir en la aplicación de la ley términos y condiciones. Si los alcaldes panistas solicitaron amparo y protección de la justicia de la unión ante posibles (algunos califican de inminentes) actos que podrían “obsequiarles” órdenes de aprehensión y/o detención en su contra, es que ya “pintaron su raya” por las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Campeche.
Es decir, los “amigos” de Yolanda Valladares Valle, hasta hoy lideresa del PAN con aspiraciones de llegar al Senado de la República, ¿acaso ya escuchan pasos en la azotea? ¿Será que les atormente ser privados de su libertad por actos de omisión y corrupción en momentos en que el fuego político se encuentra avivado de ida y de vuelta?
Cierto. Los presidentes municipales del PAN ejercen con esta acción su derecho constitucional ante posibles actos judiciales que podrían llevarlos a prisión, como ocurrió con su colega de Palizada. Pero que no vengan ahora con el cuento de que no sabían las consecuencias de los malos manejos del dinero sagrado y, sobre todo, el castigo de las corruptelas disfrazadas en proyectos sociales. Todo, absolutamente todo, es fiscalizado. Hasta la consciencia de cada uno de ellos.