Ni dolientes ni parientes

30

Mucho polvo levantó en el entorno político estatal la detención y posterior vinculación a proceso del alcalde de Palizada, al presumirlo responsable del delito de peculado, con pruebas que lo comprometen y que irradian a otros actores que del mismo modo tuvieron que ver con el desvío de más de un millón 300 mil pesos, proveniente del ramo 33, destinado a la construcción de 31 baños para las familias marginadas de ese municipio, monto que desapareció como por arte de magia, como si realmente se viviera en la época en que a los perros se les amarraba con longaniza.
La inédita detención de un presidente municipal en funciones en momentos en que el estado transita por senderos electorales de mucha sensibilidad social y política, rompió el esquema tradicionalista de impunidad y latrocinio, a raíz de la desaparición del fuero constitucional que protegía a los funcionarios acusados de desvío de recursos y malversación de fondos públicos, que campechanamente radicaban en “cuentas alegres” que entregaban al Congreso local, a través de la Auditoría Superior del Estado.  Y no pasaba nada.
Si bien es cierto que antes de la “muerte” del fuero constitucional que en octubre de 2016 promovió el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas con el respaldo contundente de nuestros aguerridos legisladores locales, al menos dos exalcaldes de extracción priista, en distintos momentos, habían sido detenidos y sujetos a proceso penal, bajo la presunción de malversación de los dineros del pueblo cuando se encontraban en funciones.
Por sobre todas las cosas, el caso que nos ocupa y al que han convertido algunos críticos en festín de persecución política o en proclama de que la ley se aplique pareja, como si les importara las siglas partidistas o las reyertas por la salud de los enfermos, deja un importante precedente de que la ley no tiene dolientes ni parientes, y que quien cometa un delito tiene ahora que asumir sus consecuencias “en vivo y a todo color”.
Ciertamente -por la filiación partidista, por el municipio en cuestión y por el momento que vive Campeche-, la detención del alcalde paliceño afectó las neuronas de quienes por sistema son afectos al juego de la “chácara”. Empero, este suceso no tiene otra explicación que la jurídica, aunque se quiera relacionar con asuntos políticos y personales. Nada exime la responsabilidad de quienes fallaron a la confianza que la ciudadanía depositó en ellos.
En el memorable acto de toma de protesta de Alejandro Moreno como Gobernador del Estado, calificado como el inicio de un tiempo de modernidad, de transformación y de firmeza para Campeche, y donde se convocó por primera vez a todos los servidores públicos a mantener una conducta ejemplar en el desempeño de sus funciones, se establecieron posiciones que le obsequiaron el beneficio de la duda, al afirmar que nada ni nadie estaría por encima de la ley.
No obstante, se avizoraban tiempos complicados. El escepticismo sobre el tema en algunos sectores de la población, hace dos años y pico, era patente. En parte, se justificaba en cierto modo, debido a que los “buenos propósitos” para combatir la corrupción y la impunidad constituyó por décadas estandarte político de los gobernantes para impedir violaciones legales y conductas delictivas en quienes, se entiende, llegaron para servir a la gente, no para servirse del cargo conferido.
Moreno Cárdenas, desde ese momento fijo su postura de ejercer un gobierno de firmeza y de cero tolerancia a la corrupción  y la impunidad, tanto en el ámbito del servicio público como en el contexto de las atribuciones propias de la procuración de justicia. Sostiene que la ley y la justicia, como fuente y valor del Derecho, son innegociables. “Y lo afirmo desde este momento: tampoco la firmeza de mi forma de gobernar será negociable”. ¿A qué le apuesta AMC?
Alejandro requería, ante todo, tener la confianza de los campechanos en esa lucha contra los “males congénitos” que desde siempre les habían lastimado: la corrupción con la que se conducían los malos funcionarios que literalmente saqueaban el erario, por lo que el primer paso sólido que dio en este sentido fue acabar con la figura del fuero constitucional a todos los servidores públicos que gozaban de ese privilegio, que en vez de inmunidad procesal, era sinónimo de impunidad.
La detención del alcalde de Palizada por peculado no es obra de la casualidad: forma parte de una serie de estrategias institucionales en cumplimiento irrestricto de la ley que mantiene en capilla en funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales, sin distingo de partido o de nombre y apellido, a quienes se les sigue muy de cerca la comisión de actos de putrefacción detectados en el desempeño de sus encomiendas.
En la Fiscalía General del Estado de Campeche se encuentran abiertas sendas denuncias presentadas por la Contraloría del Gobierno del Estado en contra de 13 servidores y exservidores públicos estatales relacionados con 31 carpetas de investigación, y al menos 10 hechos denunciados por la Auditoría Superior del Estado por presunciones delictivas que involucra a entes municipales, entre ellos dos que tres alcaldes en funciones que ya pusieron sus barbas a remojar. Esto todavía tiene cola, apenas es el inicio. ¿Quién o quiénes siguen?