Sin resolver, pleito entre locatarios y funcionarios de Carmen

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Locatarios del nuevo mercado dijeron que mantienen la denuncia contra empleados del Ayuntamiento de Carmen

Locatarios del mercado “Alonso Felipe de Andrade” mantienen la denuncia contra Mayela Cristina Martínez Arroyo, quien funge como quinta regidora y presidente la Comisión de Servicios Públicos en el Cabildo Municipal, así como contra Néstor Solana Ramos, director de Servicios Públicos y el administrador del centro de abasto, Juan Carlos Herrera Sánchez, por los delitos de despojo de locales y falsedad de declaraciones.
En conferencia de prensa, Sergio Isaac Alba Rodríguez y Juan Carlos Simón Díaz, entre otros afectados, aseguraron que llevan dos años y siete meses con este conflicto ante la falta de atención de las personas mencionadas, sobre todo que mintieron a las autoridades estatales al momento de presentar las medidas que ellos mismos pidieron de cada uno de los comercios.
Los comerciantes María del Carmen Verdejo Calderón, Manuel Jesús Rebolledo Cruz y María Esther Rebolledo Cruz, actualmente trabajan en diferentes locales porque aún no les entregan sus puestos con las medidas que tenían en el anterior centro de abasto.
El resolutivo del amparo que se ejerció ante el juez en semanas pasadas, está a favor de los locatarios y los funcionarios acusados les deben de entregar los puestos a los cinco comerciantes que aún trabajan en diversas zonas del centro de abasto, pero hasta la presente fecha no dan la cara.
Los inconformes también acudieron ante las autoridades de la Vicefiscalía General de Ciudad del Carmen, donde se elaboraron las denuncias AC-3-2017-9366 y AC-3-2017-1015 por el delito de despojo, “y fue a partir de esa fecha que hemos estado en constante acercamiento con las autoridades ministeriales, con el fin de que se le dé el proceso adecuado y pronto, para que nos entreguen nuestras áreas de servicio”.
Por su parte, Simón Díaz resaltó que luego de acudir con las autoridades de la Vicefiscalía, le dijeron que ante ese tipo de señalamientos por los involucrados en el problema, ellos tendrían que dar a conocer esa situación ante las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).
Indicó que se contrató un abogado para que diera fe de los hechos y de la elaboración de un documento oficial por el delito de falsedad de declaraciones a la autoridad, toda vez que los funcionarios acusados acudieron a dar su versión y ellos señalaron que las autoridades de Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado (Seduop) fueron quienes hicieron los cambios de cada local.
Sin embargo, subrayó que esa versión no fue verídica, toda vez que al tener el acercamiento con los mismos funcionarios de la Seduop, desmintieron y aportaron pruebas de que fueron los funcionarios de esta administración municipal quienes hicieron desmanes con diversos puestos, por eso ahora hay una carpeta abierta FED/CAM-CAM/0116/2018 por falsedad de declaración.