Sigue conflicto entre autoridades y policías

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Continúa el conflicto entre policías municipales y autoridades del Ayuntamiento debido a que éstas amenazaron a los uniformados que de no firmar la nómina de diciembre y su presunto pago de aguinaldos llevarán a cabo arrestos, pero aún así, los policías insisten en no firmar ningún documento porque ya existe un recurso legal en contra del alcalde.
Policías inconformes que se negaron a dar sus nombres por temor a represalias, comentaron que Ada Patricia Duque Farías, subdirectora administrativa de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal envió el jueves un escrito a los 180 elementos municipales ordenándoles que firmen dentro de un plazo de cinco días. Al ver que le hizo caso, Duque Farías fue clara y durante el cambio de guardia amenazó con arrestos y actas administrativas a todo aquel que se niegue a obedecerla.
Molestos, expresaron que esta es una trampa más de la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus en contra de los policías por no dejarse intimidar, ya que si firman los recibos estarían aceptando que el dinero que les pagaron fue lo correcto.
Los recibos son por 15 y 20 mil pesos de aguinaldo, cuando ellos solo recibieron tres mil 500 y cinco mil pesos por esa prestación, “pero le urge a Farías comprobar ante Hacienda y la Federación que nos dio completo el aguinaldo y por eso nos está amenazando”.
Ante esta situación buscarán asesoría con su representante legal Jorge Salazar Cruz, para saber cómo pueden generar un amparo en contra de toda acción que quiera realizar la subdirectora administrativa de Seguridad Pública y los dejen de acosar.
Tesorera también presiona
Por otra parte, los policías dijeron que Ligia Patricia Castillo Góngora, tesorera municipal, también pone trabas para que los agentes continúen su demanda en contra de la administración pública que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus.
Al concluir las 72 horas para entregar la lista de nómina y el tabulador para deducciones de ISR que se cargó al aguinaldo de los 180 policías, hasta la tarde de ayer 12 de enero continuaba en la misma postura, por lo cual iniciarán con la Contraloría un fincamiento de responsabilidades hacia la tesorera porque violenta el derecho que marca el artículo 8 constitucional, de entregar la información requerida.

Información: José Solano