Ex alcaldía invadió predio falsificando documentos

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La Comuna cobraba derecho de piso a comerciantes sin darle un peso al verdadero dueño del terreno.

Gabriel viche

Alberto Alejandro Argüelles Zetina, presunto propietario del terreno donde se ubica el mercado “El tamarindo”, espera que la actual administración municipal le dé posesión del predio, revertiendo la injusticia que generó el ex alcalde de Carmen Enrique Iván González López y que prosiguió Pablo Gutiérrez Lazarus.
Argüelles Zetina explicó que fue en 2014 cuando este “calvario” empezó, pues José Badillo, que era el secretario del Ayuntamiento, ordenó la reubicación de los ambulantes, sin autorización llegaron con maquinaria pesada y rompieron la barda del predio que dice ser de su propiedad vía testamentaria, de parte de su difunta madre.
En esa fecha, el ex alcalde Enrique Iván inició la demolición del Parque Zaragoza y le estorbaban los ambulantes, por lo que se le hizo fácil invadir el predio que se ubica en la calle 35 entre 20 y 22 de la colonia Centro, falsificando documentos para hacerlo pasar por propiedad de la Comuna y usufructuarlo, ya que cobran derecho de piso a los 70 comerciantes que allí apostaron.

INJUSTICIA CONTRA LOS VENDEDORES
La injusticia continuó durante los tres años de Pablo Gutiérrez Lazarus, de igual forma, sacando provecho económico del predio, pues metieron más comerciantes ambulantes que expenden frutas y verduras cobrándoles el uso de suelo y otros permisos municipales, sin que a Alberto Alejandro Argüelles Zetina se le diera un solo peso de compensación económica.
Para colmo, en la administración de Gutiérrez Lazarus le cobraron medio millón de pesos para regularizar los documentos del terreno y desde entonces debió pagar cada año el impuesto predial del predio, pero sin que se le diera la posesión del mismo, por lo que lamentó la corrupción que existió en ese gobierno.
El afectado asegura que ya está por definirse por la vía legal que es el legítimo propietario del inmueble que desde hace muchos años ocupa la comuna, autoridad que considera deberá de pagar los gastos económicos que el litigio le ha causado, señaló.