Continúa conflicto entre policías y Ayuntamiento

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Los uniformados insisten en tomar medidas de manera legal en contra del alcalde

Con la intención de obstruir el proceso legal que policías municipales entablarán en contra del Ayuntamiento de Carmen, Ligia Patricia Castillo Góngora, tesorera, se niega a recibir el oficio donde los agentes exigen una Constancia de Retención de Impuestos del Ejercicio Fiscal 2017 para demostrar que se actuó conforme a la ley.
El abogado de los elementos de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, Jorge Salazar Cruz, considera la actitud de la funcionaria como “inaudita” porque los funcionarios públicos están obligados a brindar toda la información que se solicite, sin ninguna restricción, siempre y cuando no esté bajo juramento de protección de datos personales.
En este caso los policías solicitan un comprobante de cómo se distribuye el dinero de sus nóminas, no hay secrecía que guardar, por lo cual, la tesorera Ligia Castillo Góngora está obligada a entregar la información requerida pero en vez de eso obstruye la justicia al saber del error cometido en el departamento que dirige.
Además, las autoridades continúan violentando las disposiciones federales porque el oficio está basado en el Artículo VIII Constitucional, presentado por escrito y dirigido de manera pacífica y respetuosa por parte de 180 policías que firmaron.
Pedro Sánchez Ken, contador público y asesor fiscal, por su parte dijo que están solicitando documentos del registro anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidios para el empleo desde el lunes 25 de diciembre, pero en Tesorería Municipal y en la Dirección de Unidad Administrativa hay orden de no recibirlo, sin dar mayor explicación de la negativa, aunque se supone que es para no proporcionar lo que se pide.
Hay discrepancias entre el dinero depositado en las cuentas bancarias y lo que se reflejó en la nómina que emite la Comuna, lo cual fue detectado en reunión entre funcionarios y policías el pasado 22 de diciembre, pues la nómina había sido alterada y el cálculo del ISR que se les aplicó no corresponde al faltante.
Cabe destacar que cansados de la indiferencia de las autoridades por solucionar este problema y, sobre todo dar la cara, los 180 policías afectados tomaron la decisión de demandar al Ayuntamiento de Carmen, administración que encabezada por Pablo Gutiérrez Lázarus, quien previendo lo que pudiera suceder ha bloqueado todo trámite para conseguir las pruebas necesarias y desenmascarar a sus cómplices.

Información: Cynthia Calderón