Proyecto de ley propone obligar a escuelas a combatir bullying

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Instrumentos jurídicos exigen preparar a las niñas, niños y adolescentes a asumir una vida responsable basada en la comprensión, paz e igualdad de género

Para reducir los índices de suicidio en la entidad, sobre todo aquellos que se presentan en menores y adolescentes, así como los casos de acoso escolar mejor conocido como “bullying”, el Congreso del Estado trabaja en una propuesta de Punto de Acuerdo con el fin de que se implemente una serie de protocolos en los planteles de educación básica.
En la exposición de motivos se señala que, en las escuelas se presentan problemas de diversa índole, tanto educativos, sociales, éticos y de salud física y mental, destacando que en años recientes se suscitaron problemas psicológicos que llevan a los alumnos a adoptar conductas agresivas y violentas dañando a los demás, y a veces causándose daño a sí mismos.
“Hay escuelas que carecen de psicólogos, no se dispone del servicio médico preventivo, en ocasiones en el plantel se desconoce si existe algún problema emocional que tenga el alumno y el debido trato que se deberá dar”, se lee en la propuesta.
Ante esta problemática se debe prestar atención e impulsar un protocolo que garantice la atención de los problemas psicológicos de los alumnos de las escuelas de educación básica.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS
En México, el derecho a la educación de calidad está garantizado en los artículos 3° y 4° constitucionales y en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 ante el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).
Estos instrumentos jurídicos o-bligan a preparar a las niñas, niños y adolescentes para asumir una vida responsable en una sociedad libre, basada en la comprensión, la paz, la tolerancia, la igualdad de género y la fraternidad.
La efectiva protección de los derechos humanos se encuentra estrechamente relacionada con la prevención de conductas violatorias de los mismos, así como con la eliminación de las causas que las generan.
Las actuales políticas públicas que buscan garantizar un sistema educativo de calidad, equitativo, transparente y democrático, deben contar con directrices que orienten la construcción de condiciones necesarias para un ambiente de formación integral, que convierta a las escuelas en espacios incluyentes, con la detección de los problemas psicológicos y seguros para todos.
Prevenir los problemas psicológicos implica el esfuerzo y compromiso constante del personal directivo, docente, alumnos, madres y padres de familia, autoridades educativas, instituciones públicas, medios de comunicación y sociedad en su conjunto.

LEY GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El marco normativo actual que se establece en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes precisa la prevención y atención que se debe de dar en los casos de problemas psicológicos, puntualizando en su artículo 12 que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes.
En su artículo 13 señala que son derechos de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el derecho de prioridad; el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.
Asimismo, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, mismos que todo momento las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a garantizar.
Por otra parte, en su artículo 57 señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana.
Finalmente, en su artículo 102 puntualiza que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Para poder cumplir con estas disposiciones se estima que en breve se cuente con el dictamen que exhorte a la Secretaría de Educación ( Seduc) del Gobierno del Estado a implementar protocolos para la detección, identificación, registro, notificación, intervención y seguimiento de problemas psicológicos en los alumnos de educación básica, ya que la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes compromete al Estado en la prevención y atención de los problemas psicológicos, así como sus secuelas.

DETEALLES
El Punto de Acuerdo precisa que la escuela no es un mundo aislado, por el contrario, representa un espacio de encuentro entre círculos fundamentales para el desarrollo humano, destacando que el impacto en el entorno escolar no es menor para la sociedad.
“Afecta el proceso pedagógico en las escuelas y las consecuencias
pueden comprender desde la deserción, hasta graves problemas psicológicos en la niñez y en la juventud; la forma en que son tratadas las personas en su infancia, impacta directamente la manera como vivirán y se relacionarán con los demás en etapas subsecuentes de su vida”.
Señala que como cualquier problemática social, hay que partir de un análisis contextualizado, que reconozca las condiciones extraescolares de los alumnos, porque existe una correlación elevada entre los factores de maltrato en el ámbito familiar y los diferentes factores de problemas psicológicos en el ámbito escolar.
Para coordinar los esfuerzos de todos los implicados, la propuesta indica que en el protocolo se establezcan los procesos para la atención en la escuela, de todos los casos de problemas psicológicos desde su identificación, registro, notificación, intervención y seguimiento.

Información: Daniel Castillo