Procesos, mal llevados por la violación a derechos lingüísticos

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Los intérpretes no solo se necesitan en casos judiciales, sino que son indispensables en todos los servicios que se ofrece a la población indígena

Más del 80 por ciento de los procesos penales por los que atraviesan los indígenas en Campeche presentan violaciones a sus derechos lingüísticos, informó la antropóloga Artemia Fabres, presidenta de la Asociación Diálogo y Movimiento.
Por ello, destacó que en coordinación con el Gobierno del Estado así como asociaciones civiles se trabaja en la capacitación de un mayor número de intérpretes.
A fin de reforzar el nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad, en diciembre se impartió un diplomado a 27 personas para la formación de intérpretes en lenguas indígenas, que forma parte de un proceso vinculado al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
Cabe destacar que el Inali es el organismo que a la fecha acredita a estos profesionistas.
También se contó con apoyo del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A. C. (Cepiadet), la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) y las delegaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Yucatán y de Chiapas.
El objetivo de estas acciones es formar a profesionales bilingües para que puedan hacer una interpretación intercultural, no literal ya que eso no funciona, y que esto garantice que en los juicios a los que sean llamados como intérpretes se haga un trabajo de calidad, que pueda entender con seguridad lo que el indígena le dice y a su vez, traducirlo al
español.
Añadió que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha ocupado sistemáticamente intérpretes prácticos, con cero capacitaciones. Por ello, a veces no hay garantía de que hablen al 100% la lengua indígena.
El trabajo de formación que se realiza sirve, en primera instancia, para garantizar a los sujetos que están en proceso penal -ya sean víctimas o posibles imputados- que son escuchados y que se puede comprender cabalmente lo que dicen. En segundo lugar, dar cumplimiento a lo que dicen las leyes estatales, nacionales e internacionales en lo que respecta a los derechos indígenas y lingüísticos.
Lamentó que casi la totalidad de los casos penales se desarrollan en un proceso mal llevado debido a la falta de intérpretes, e incluso en los que se ha contado con este personal, no existe la garantía de que se hizo el mejor trabajo porque no han recibido orientación.
Aclaró que en Campeche no solo se trabaja en la capacitación de intérpretes en lengua maya, sino también en tzotzil, dos variantes del chol por la gente de Chiapas que está asentada en el Estado y otras por personas de Guatemala que están naturalizadas como mexicanos.
Pormenorizó que en una investigación sobre el debido proceso y pertenencia cultural entregado en 2016, se analizaron expedientes y entrevistas a los internos de Centros de Readaptación Social. A la mayoría de ellos no les preguntaron ni siquiera si pertenecían a un grupo etnolingüístico.
Detalló que desde ahí empieza la violación a los derechos de esas personas, en la ignorancia de los servidores públicos sobre lo que deben proveer al detenido lo que por derecho le corresponde.
“Tenemos una gran variedad para dar el mejor servicio a la gente en los procesos penales. Lo que hemos encontrado en la revisión de expedientes es que en más del 80% hay una violación enorme a los derechos lingüísticos de las personas”, expuso.
No obstante, prevé que con la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal estos casos disminuyan, porque el juez podrá ver cuando las personas involucradas no hablan español.
“Tampoco significa que si la persona habla español entonces no se le va a proveer de un intérprete, porque por ley tienen derecho a dos cosas, a tener un intérprete y un abogado que conozca la cultura de la persona”, añadió.
En el 2012, el Inali acreditó a cerca de 30 intérpretes, pero la minoría se dedica a esta actividad debido a que no se les da el lugar adecuado y al bajo pago que reciben por este servicio. Muchos viajan largas distancias y no reciben su dinero a tiempo, así que dejan de venir a hacer el trabajo.
A través de un acuerdo con la CDI, añadió que actualmente se trabaja con una lista de 72 personas que recibieron el curso del nuevo Sistema de Justicia Penal, pero la mayoría nunca han sido capacitados ni acreditados, sino que se trata de intérpretes prácticos. De esa lista llegaron al proceso de selección poco más de 40 personas y de ellas, quedaron 30 y tres de ese total no llegaron al curso brindado en diciembre.
“Actualmente la CDI tiene una cartera de 72 intérpretes, pero no todos trabajan en este momento. Lo que se busca es que las instituciones públicas puedan pedirlos directamente, porque existen los mecanismos legales para que sean pagados de forma adecuada”, agregó.
Consideró que la población tiene el interés de capacitarse, pero los cursos no se pueden impartir a más personas de la programada porque se vuelve inoperante, principalmente cuando se tienen grupos lingüísticos con variantes, porque se vuelve complejo.
Destacó que hace falta replicar estos cursos sistemáticamente para formar intérpretes constantes, que no solo se enfoquen en el ámbito penal, sino en materia de salud.
“Nos ha tocado acompañar a personas que no hablan español que necesitan servicios de salud, pero como no se garantiza ese derecho, mucha gente toma de forma inadecuada las medicinas. El problema va más allá y es por ello que se requiere que el Estado invierta como corresponde en este tema”, dijo.
Recordó que en 2016, la asociación arrancó los seminarios con las instituciones públicas e intérpretes para ofrecer la propuesta de capacitación que tienen con el Inali, pero que hasta ahora no se ha cumplido la parte económica y de infraestructura.
Destacó que se requiere más inversión para avanzar los procesos de capacitación, a fin de contar con un mayor número de personas que puedan brindar el servicio.

Información: Lorena García Méndez