Por Lorena García 

Carlos Arjona Gutiérrez

Campeche es una de las entidades con mayor avance en el tema de la regularización de tierras, destacó el delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado, Carlos Arjona Gutiérrez. Señaló que en el 2017 se logró concluir cinco proyectos en beneficio de más de mil familias y que en el 2018 se prevé una cifra cercana.
En entrevista, aseguró que el año pasado se trabajó en los municipios de Candelaria, Champotón, Carmen y Calakmul.
Reconoció la buena voluntad del Gobierno del Estado encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas para que las dependencias relacionadas con este sector coadyuven con la administración federal, a fin de que se pueda sacar adelante estos planes.
Detalló que para este 2018, uno de los objetivos es atender otros cinco ejidos de la entidad para dar certeza jurídica sobre su patrimonio a 800 familias.

¿Cuál fue el avance obtenido el año pasado en la regularización de tierras?
Hemos impreso un buen sello al tema en estos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En el 2017, a pesar de las dificultades económicas, en Campeche tuvimos la oportunidad de concluir cinco proyectos de regularización de cinco ejidos que ya anteriormente habían sido regularizados, pero que todavía tenían reservas de crecimiento, y por ello, varias familias todavía no recibían un título de propiedad.
A finales del año pasado entregamos 200 títulos de propiedad como parte de la última etapa y previamente lo habíamos hecho también con otros ejidos. En total sumaron cerca de mil procesos, lo que hace que Campeche sea uno de los estados con mayores avances en ese tema.

¿En qué municipios se trabajó?
En los municipios de Candelaria, Carmen, Champotón y Calakmul, pero ahora estamos concluyendo unos trabajos en Hopelchén y otro más en Candelaria.

¿Cuál es la meta para este 2018?
Queremos atender otros cinco ejidos del Estado y eso significa un alto monto de inversión para que las familias no tengan que gastar en estas regularizaciones. Estos títulos de propiedad podrían requerir en términos económicos alrededor de 3 millones de pesos del Gobierno de la República.
Pero como se trata de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, significa un importante beneficio para la sociedad campechana.
También se prevé incorporar trabajos de otro ejido de Champotón y concretar uno de los ejidos que son muy importantes para nosotros en Carmen, que es el de Murallas de Campeche.

¿Cuáles son las dificultades para concretar estos trámites?
Especialmente nos enfrentamos al tema de la dispersión. El proceso de regularización es muy caro para nosotros porque los ejidos están en zonas muy alejadas, a pesar de ser pequeños.
Por ello, la inversión que se debe hacer para hacer las mediciones, levantamientos topográficos y asambleas, así como la integración de expedientes tanto jurídicos como técnicos que permitan la regularización, implica una serie de movilizaciones que representan una enorme cantidad de recursos económicos.

¿La veda electoral afectará esta meta?
Otro de los elementos fundamentales será que el 2018 es un año electoral, así que desde el 20 de diciembre de 2017 instruimos y entregamos documentos y material a todos los servidores públicos para que nos mantengamos dentro de lo permitido por la ley, a fin de que no sea una entidad del Gobierno de la República la que pudiera poner en quebranto la titularidad de la democracia en este país.
No es que se afecte absueltamente nada del proceso electoral, pero tampoco queremos dejar de apoyar a la gente del campo con este tema tan fundamental como es la tenencia de la tierra, y por supuesto, el reconocimiento del patrimonio.

¿El problema de tierras en irregularidad es grave en la entidad?
Campeche es de los estados en los que existen menos problemas por este tema. Sin embargo, por mínimo que sea, cualquier tema que tenga que ver con la falta de documentos es un problema serio para una familia; eso es lo que nosotros estamos atendiendo para avanzar en ese sentido.

¿Cuál es el motivo por el que están en esa situación?
Lo que estamos regularizando son unos polígonos de tierra que se conocen como reservas de crecimiento, las cuales fueron medidas con anterioridad, pero que los ejidos las dispusieron hace muchos años a fin de que en el momento que los hijos de los ejidatarios tuvieran familia pudieran tener un lugar donde vivir.
Ahora ya están ocupadas económicamente, es decir, ya saben qué predio corresponde a cada quien, pero no tienen documentos. Nosotros estamos formalizando ese trabajo interno que el ejido ha hecho.
Nos encargamos de llevar topógrafos para que midan los predios, abogados para que construyan con ellos el expediente que acredite que les pertenece y así integrar la documentación para realizar una asamblea en donde formalmente se les asigne esos derechos de titularidad a los poseedores.

¿Con qué otros organismos trabajan?
El trabajo está encabezado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y lo hacemos con el Registro Agrario Nacional, que es a donde llegan los documentos para ser inscritos y de ahí parten al Registro Público de la Propiedad para luego regresar a fin de ser entregados a los beneficiarios.