El Estado avanza en su lucha contra la violencia política hacia la mujer

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Los diputados del Congreso del Estado han aportado para que Campeche tenga legislación a favor de las mujeres

Derivado de las reformas electorales constitucionales que culminaron en el mandato de paridad de género, instituciones del país encargadas de velar por la justicia y los derechos crearon el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Entre las instituciones que lo estructuraron y que se comprometieron a ponerlo en práctica se encuentran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Campeche forma parte de las 24 entidades federativas que ha trabajado jurídicamente en la materia, al estar vigente la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aunque se destaca el cumplimiento, se reconoce que en su mayoría se han centrado en la conceptualización de la violencia política contra ese sector de la ciudad.
El documento es un referente de actuación ciudadana e interinstitucional, en cuyo diseño y construcción han participado instancias y autoridades involucradas que han aportado su conocimiento y experiencia en la materia desde la diversidad de sus ámbitos de responsabilidad.
A las instituciones participantes les identifica el interés por fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, porque en esa convicción confluye la responsabilidad del Estado Mexicano y la aspiración de los actores políticos, así como el fortalecimiento y empoderamiento de una ciudadanía más informada y atenta a la exigencia del respeto.
La relevancia del protocolo radica en el consenso interinstitucional de la construcción, homogeneización y utilización del concepto de violencia política contra este sector de la sociedad en razón de género, el cual se diseñó tomando como referencia la normativa de origen nacional e internacional.
Actualmente el 51.4 por ciento de los mexicanos son mujeres, por cada 100 de ellas hay 94.4 hombres, mientras que el 51.1 por ciento de la población indígena es del género femenino, lo que equivale a poco más de 6 millones. Hablando de la Lista Nominal, el 51 por ciento lo conforman mujeres, pero el 66.61 por ciento sufrió violencia de género en el 2017, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El archivo busca responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia. Constituye una medida emergente, a la espera de la aprobación de las reformas legislativas necesarias para brindar una mejor atención, sanción y reparación integral ante casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
A partir de la unificación de criterios, conceptos y procedimientos, un protocolo de actuación sirve para estandarizar el tratamiento de una determinada problemática e identificar las responsabilidades particulares de las personas, áreas o instancias.
El objetivo es orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento.
También busca favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales para hacer frente a los casos de violencia política contra este sector de la sociedad, así como orientar a las víctimas en el ámbito federal, estatal y municipal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos criterios respecto de la naturaleza jurídica de los protocolos, señalando que solo constituye una guía orientada a garantizar el acceso a la justicia, realizada con el fin de proveer a quienes juzgan una herramienta de auxilio para su función.
Adicionalmente, el su contenido fue desarrollado tomando en consideración las atribuciones o facultades de cada una de las instituciones competentes, y éstas, a su vez, tienen como fundamento el marco legal que les da origen, lo que otorga el carácter de obligatorias.
No establece nuevas atribuciones para las instituciones que lo conforman, pero estas instancias se comprometen a incorporar en su actuación la perspectiva de género y atender conforme a sus facultades y atribuciones, la violencia contra las mujeres y actuar de tal forma que no queden en la impunidad los casos en que ésta se acredite, así como asegurar que las investigaciones se realicen con la debida diligencia y de acuerdo con los estándares internacionales.
El protocolo explica que en una democracia la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en ésta se hacen presentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. Puede argumentarse que, en la lucha política, tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y violencia.
Sin embargo, será importante distinguir entre aquella que se ejerce contra las mujeres en razón de género y la que es propia del juego político, porque de ello dependerá la forma en que deba tratarse a la víctima y la manera en que deben conducirse las autoridades.

Información: Daniel Castillo