Cumplen con la transparencia: INAI

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Campeche se ubica dentro de los tres primeros lugares del país por haber completado la carga de obligaciones en transparencia de los sujetos obligados, señaló el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.
En entrevista, agregó que el Estado se encuentra dentro de las cuatro entidades del país, que han logrado que su órgano garante adquiera una sede propia gracias al ahorro de la dotación presupuestal de varios años que recibía la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec).
En este sentido, aclaró que las mediciones realizadas a los sujetos obligados son elaboradas por instituciones académicas y que la métrica de transparencia que será el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se aplicará a mediados o finales de este año. Acuña Llamas precisó que el INAI evalúa a 862 sujetos obligados de todo el país, y de ellos, 153 pertenecen al estado de Campeche.
“De hecho durante el año pasado en escala del 1 al 10, solo el 6.1 por ciento cumplía con el deber de la transparencia, lo cual estaba lejos del objetivo”, indicó.
Recordó que durante 2017, el INAI realizó una verificación diagnóstica de los sujetos obligados en las entidades del país, que solo tuvo efecto de demostración, pero a partir de enero se puso en marcha la primera de las tres mediciones que se realizarán al año.
Respecto al cumplimiento de los partidos como sujetos obligados, el también presidente del INAI lamentó la resistencia de los institutos políticos en el tema de la transparencia.
Inclusive, añadió que los sindicatos todavía están asimilando ese deber, y en menor medida algunos pretenden evadir su condición de sujetos obligados a través de la vía legal, lo cual será resuelto por los jueces y magistrados.
Por otro lado, agregó que con la nueva Ley de Transparencia, los órganos garantes locales pueden aplicar medidas de apremio, que van desde un extrañamiento público o exhortación, hasta la imposición de multas.
Finalmente, consideró que sin los archivos no hay administración pública; como tampoco hay punto de partida para poder hacer cualquier tipo de escrutinio, ni si quiera certidumbre de lo que existe.