Congreso aprueba dictamen de la Guardia Nacional

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Por unanimidad, los diputados aprobaron los dictámenes y en ninguno de los casos se registraron opiniones a favor o en contra que generaran debate.

Daniel Castillo

Por unanimidad el Congreso del Estado de Campeche, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la Constitución, aprobó los dictámenes relativos a la conformación de la Guardia Nacional con mando civil, así como la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Previo a la aprobación de la minuta por la que se crea la Guardia Nacional, los diputados locales aprobaron una propuesta presentada por los grupos parlamentarios para dispensarla de más trámites.
En los llamados artículos transitorios de la citada minuta se destaca que el Congreso de la Unión, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes.
De la misma manera, las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto correspondiente.
Conforme a la minuta, la Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.
En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan.
El Ejecutivo federal dispondrá también lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías militar y naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional, formada por representantes de las secretarias del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.
Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

ESTADOS PRESENTARÁN DIAGNÓSTICO
Por su parte, Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del Estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.
Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las Entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020.
Por lo que respecta a la minuta por la que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como finalidad modificar la norma suprema de la Nación con el propósito fundamental de incorporar al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, diversas conductas antijurídicas y condenables.
Tales como el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo de casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Cabe destacar que el objetivo de esta reforma es disminuir la incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas hacia las víctimas o bien para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad en los que se encuentra inmerso el pueblo y el Estado mexicano.
“Lo anterior, debido a que se presume que el nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando como se esperaba y, lejos de evitar que las personas inocentes vayan a la cárcel, se ha convertido en un mecanismo que permite a los criminales delinquir una y otra vez, en total impunidad”, señala el documento.
De la misma manera, se busca que la prisión preventiva sea una medida eficaz para que los indiciados por delitos graves no escapen a la acción de la justicia, es decir, evitar que la puerta giratoria siga permitiendo la liberación casi inmediata de los delincuentes que más dañan a la ciudadanía, ya sea en su integridad física o en su patrimonio.
Los dos dictámenes presentados fueron aprobados por unanimidad, con el voto a favor de los 33 legisladores presentes, y en ninguno de los casos se registraron opiniones a favor o en contra que generaran debate, por lo que los documentos serán turnados nuevamente al Congreso de la Unión para su respectivo trámite.
En otros asuntos legislativos, ayer se dio lectura una iniciativa para adicionar un artículo 25 bis y una fracción XIII, al artículo 46 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y adicionar un artículo 28 bis, con la finalidad de establecer la modalidad de horarios flexibles para los trabajadores, siempre y cuando sus actividades laborales lo permitan.
Ningún diputado intervino en el punto de asuntos generales de la sexta sesión, a la que no asistieron las diputadas María de los Dolores Oviedo Rodríguez y Sofía del Jesús Taje Rosales.
Finalmente, se informó que los trabajos legislativos del actual segundo periodo ordinario de sesiones, continuarán el próximo viernes 8 de marzo.