Ciudadanos deben conocer la Ley de Seguridad: TSJE

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La Ley de Seguridad Interior promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto será analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conocer si el contenido de sus disposiciones son contrarias a la Constitución, consideró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Miguel Ángel Chuc López.
Detalló que el máximo Tribunal será el árbitro legitimado constitucionalmente para intervenir en el momento que exista alguien que impugne la promulgación de la ley, y al parecer una agrupación ciudadana ya se manifestó en contra.
“Entonces tenemos que esperar los tiempos de la SCJN, pero hay que aclarar que la Ley no ha entrado en vigor, y si las disposiciones son contrarias al contenido de la Constitución o cualquier tratado internacional, se determinaría si existe inconstitucionalidad”, expuso.
Dijo que para ello se cuenta con un marco jurídico que le permite al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas tomar la decisión en los casos que se deba brindar el auxilio y la participación del Ejército.
Sin embargo, Chuc López reconoció que se necesita mayor difusión de la Ley, para que los ciudadanos tengan mayor conocimiento de cada una de las disposiciones que contempla.
“Yo creo que de esa manera la ciudadanía contará con mayores elementos para tener una idea de lo que contiene el ordenamiento de la ley aprobada, evitar confusiones y que no se saque raja política del caso”, subrayó.
En este sentido, recordó que se viven los tiempos previos a una elección y muchas veces el tema se utiliza con diversos fines, “pero se debe manejar con mucha responsabilidad”, recalcó.
Manifestó que no se debe politizar en torno a la Ley de Seguridad, porque para un análisis del tema también están los propios diputados federales y senadores, quienes representan los distritos y también deben pugnar por informar a la población.
Cabe señalar que la Ley de Seguridad Interior tiene como objetivo regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.