Cesan a dos magistrados federales en Campeche

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Ministro Arturo Zaldívar, presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó a dos magistrados federales de Circuito, en el estado de Campeche “por notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial”, además de desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales.
A través de un comunicado el CJF refirió que, además de la destitución, a ambos magistrados les impusieron sanciones económicas.
“Lo primordial para el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, es implementar una cultura de integridad judicial”, expuso.
La política de este órgano colegiado, continuó, es una: cero tolerancia a actos de corrupción.
El CJF manifestó que con ello se rearma el compromiso y la voluntad institucional del Poder Judicial de la Federación, de combatir con rigor conductas deshonestas, fraudulentas o ausentes de ética.
“Las áreas internas del Consejo de la Judicatura Federal actuaron con absoluto profesionalismo en las investigaciones administrativas, siempre en apego al debido proceso, la presunción de inocencia y conforme a la Constitución”.
Aunque no se informó si los destituidos tienen relación, desde diciembre pasado se reveló que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó que en total 14 familiares, compadres y parientes de los compadres de Francisco Arcovedo Montero, titular del Primer Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito de Campeche, trabajan en diversos juzgados y tribunales.
De acuerdo con información del periódico Reforma, dentro del Poder Judicial Federal laboran tres hijos, tres sobrinos, la ex esposa, dos yernos un compadre, dos comadres y el esposo e hijo de una de las comadres del magistrado Arcovedo, por lo que se le iniciará un procedimiento de responsabilidad en su contra.
Durante la votación, el CJF resolvió por cinco votos contra dos, que solo por dos de estas contrataciones se puede iniciar procedimiento de responsabilidad y, eventualmente, sancionar al Magistrado, debido a que en algunas de las contrataciones prescribió la posibilidad de sancionarlas, mientras que en otras no se cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que el Magistrado operó con alguna presión o recomendación en favor de sus allegados.
Sin embargo, se sabe que en casos previos que se han presentado, la sanción ha sido de hasta tres meses de suspensión sin goce de sueldo.