Veda electoral inicia el viernes 30 de marzo

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Con el inicio de las campañas políticas para los cargos federales, el próximo viernes 30 de marzo, entran en vigor las restricciones para las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno llamadas “veda electoral”, detalló el secretario ejecutivo del INE en Campeche, José Luis Aboytes Vega, periodo que concluye el 1 de julio, precisamente al cerrar la jornada electoral.
La recomendación del INE para cualquier ente de gobierno de todos los niveles, incluyendo órganos autónomos, es que cualquier entidad pública debe apegarse estrictamente a la prohibición que establece la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en materia de propaganda, una vez que inicia el periodo de campaña.
Para estos efectos, el pasado 23 de marzo el Consejo General del INE aprobó el acuerdo 172 que responde a las consultas realizadas por diversas instancias gubernamentales relacionadas con la propaganda electoral y, lo más importante, que reitera que cualquier ente público debe suprimir o retirar toda propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación, incluido internet, redes sociales y medios escritos.
“Únicamente, se exceptúan de esta restricción aquellas campañas que tienen que ver con la protección civil, en casos de emergencia, y campañas educativas informativas en temas de educación o salud”, explicó.
Precisó que las campañas que formarán parte de la excepción a las prohibiciones, en materia de propaganda gubernamental, deberán tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que la conviertan en propaganda política o electoral, así como elementos de propaganda personalizada de algún servidor público.
Señaló que los portales de los entes públicos en internet deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada.
“Esto no quiere decir que los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información que les corresponde, no se regulan las redes sociales sino el actuar de los funcionarios; tampoco se trata de que quede coartada la libertad de expresión, sólo se limita la propaganda individualizada de los servidores públicos”, destacó.

Información: Daniel Castillo