El gobierno federal propone aumentar 35% la tarifa que pagan los visitantes extranjeros que no buscan empleo en México —conocida como el DNR— y redistribuir cómo se reparte esa recaudación. La iniciativa, presentada al Congreso, busca financiar mejoras en controles migratorios y atender el crecimiento de turistas; la decisión afectará cobros y destinaciones públicas desde el próximo año.
Qué se plantea y por qué importa
La reforma eleva la cuota del derecho de no residente (DNR) a 1,334.80 pesos, según la propuesta. El argumento oficial es que, con la tarifa vigente, ya no se cubren los costos operativos y tecnológicos exigidos para procesar a los visitantes internacionales.
La medida llega en un contexto de recuperación y expansión del flujo turístico: más viajeros implican mayor carga en los puntos de ingreso y, por ende, en los servicios migratorios que atienden su llegada.
Cambios en la distribución de los recursos
La redistribución planteada modifica la participación que hoy reciben distintas instancias. El documento enviado al Congreso propone que la recaudación se reparta entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Tesorería de la Federación y el Instituto Nacional de Migración (INM), con porcentajes distintos a los vigentes.
| Concepto | Porcentaje actual | Porcentaje propuesto |
|---|---|---|
| Secretaría de la Defensa Nacional | 67% | 50% |
| Tesorería de la Federación | 33% | 24% |
| Instituto Nacional de Migración (reparto directo) | — | 26% |
En 2025, la recaudación por visitantes internacionales vía aérea se acercó a los 22,500 millones de pesos; la propuesta pretende ajustar la cuota para que el nuevo reparto no reduzca los ingresos actuales de las entidades beneficiadas.
¿En qué se usarían esos recursos?
Según la iniciativa, la mitad de los fondos (la porción destinada a la Defensa) se emplearía en gastos operativos y en inversiones vinculadas a empresas de participación estatal mayoritaria sectorizadas. La lista de usos incluye desde planeación y adquisición de equipo hasta obras y proyectos de infraestructura.
- Mejoras en infraestructura de puntos de control migratorio y aeropuertos.
- Adquisición e instalación de sistemas tecnológicos: enrolamiento biométrico, videovigilancia y seguridad informática.
- Costos de operación y arrendamientos, así como inversión en proyectos vinculados a empresas estatales.
- Obras complementarias y equipamiento para mejorar flujos de ingreso y salida de personas.
Entre los proyectos mencionados en el documento figuran obras y plataformas asociadas a conectividad y transporte, incluidas algunas infraestructuras aeroportuarias y ferroviarias.
La fracción del 24% asignada a la Tesorería no tiene un destino específico fijado por la ley; el 26% recién propuesto para el INM sería destinado a fortalecer la atención directa a turistas y a procesos migratorios.
Impacto operativo y en la experiencia del viajero
La argumentación oficial apunta a que los costos reales de operación han subido por la necesidad de más verificaciones y por la integración de herramientas tecnológicas. En concreto, el texto menciona que servicios como el enrolamiento biométrico, la vigilancia y los servidores han elevado el gasto necesario para mantener el servicio.
Si el aumento se aprueba, los visitantes que lleguen por vía aérea verán un cargo mayor al desembarcar; para las autoridades, el objetivo es reducir tiempos, mejorar controles y proteger la soberanía, además de cuidar la imagen internacional del país.
La iniciativa ahora deberá ser discutida en el Congreso de la Unión, donde se evaluará tanto el ajuste a la tarifa como la nueva fórmula de distribución y las condiciones para el uso de los recursos.
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