Autoridades financieras mexicanas ordenaron un endurecimiento del monitoreo para detectar dinero y operaciones vinculadas al robo y contrabando de combustibles, un problema que ahora figura como prioridad tras alertas y sanciones emitidas en Estados Unidos. La medida busca cerrar canales que los grupos delictivos usan para blanquear y mover recursos, con implicaciones directas para bancos, fintech y empresas del sector energético.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) difundieron una guía conjunta que amplía los escenarios de riesgo, incorpora nuevos indicadores de alerta y obliga a las entidades supervisadas a elevar sus controles ante señales de operaciones relacionadas con el robo y el contrabando de hidrocarburos.
Qué obliga la nueva guía
Las instituciones vigiladas deberán analizar, documentar y, en su caso, reportar a la UIF cualquier operación que presente indicios de estar vinculada con el hurto o comercio irregular de combustibles. La instrucción aplica a cerca de 5,000 entidades: bancos, casas de bolsa, sociedades financieras populares y diversas plataformas de pagos y servicios financieros.
La decisión se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) colocaron al robo de combustibles —incluido el denominado huachicol fiscal— entre las prioridades de seguridad financiera, y tras sanciones contra operadores y empresas presuntamente ligados a cárteles.
Riesgos y canales de ocultamiento
La guía señala canales que requieren vigilancia reforzada: uso intensivo de efectivo, transferencias internacionales, banca digital, operaciones remotas, y el empleo de activos virtuales y stablecoins para dispersar fondos rápidamente.
También pide especial atención a empresas de reciente creación, figuras societarias opacas como las Sociedades por Acciones Simplificadas, y compañías cuya infraestructura no coincide con el volumen declarado de operaciones. Transportistas, comercializadoras, importadores y exportadores relacionados con hidrocarburos quedan en la mira por su riesgo de uso en esquemas de triangulación financiera.
- Transferencias múltiples, nacionales o internacionales, sin justificación clara.
- Depósitos en efectivo fraccionados (estructurados) y dispersión inmediata de fondos.
- Pagos por combustibles sin documentación fiscal o aduanera válida.
- Operaciones con activos virtuales sin razón económica aparente.
- Triangulaciones y movimientos que involucran comercio exterior para ocultar el origen de fondos.
Escenarios que deberán monitorear las entidades
El documento establece distintos supuestos que pueden indicar actividades ilícitas, desde la extracción clandestina hasta el almacenamiento y comercialización irregular, pasando por el uso de empresas fachada y la manipulación de documentación aduanera para evadir contribuciones.
La guía recomienda actualizar las metodologías de evaluación de riesgos, profundizar el conocimiento de clientes y beneficiarios finales, y ampliar el análisis relacional entre proveedores, transportistas y comercializadoras para detectar redes y flujos asociados al llamado huachicol y al huachicol fiscal.
Plazos y responsabilidades
Los oficiales de cumplimiento deben someter las nuevas medidas a los Comités de Comunicación y Control de cada entidad; una vez aprobadas, las instituciones tienen un plazo de 15 días naturales para notificar a la autoridad supervisora.
Además, la UIF mantiene como objetivo estratégico desarticular las estructuras financieras detrás de estos delitos en coordinación con varias dependencias: el Gabinete de Seguridad, la Agencia Nacional de Aduanas, la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Inteligencia y Petróleos Mexicanos.
En paralelo, las autoridades reportan acciones concretas: en los últimos meses se incrementaron bloqueos y medidas cautelares sobre recursos presuntamente relacionados con el robo y contrabando de hidrocarburos, como parte del intercambio de información y operativos conjuntos con Estados Unidos.
Zonas con mayor exposición
- Ductos, refinerías, terminales de almacenamiento y centros de reparto.
- Cruces fronterizos, puertos marítimos y aduanas.
- Rutas y corredores de transporte de hidrocarburos.
- Áreas con concentración de estaciones de servicio y comercializadoras.
- Municipios y entidades con presencia de tomas clandestinas o delitos organizados relacionados con combustibles.
La actualización llega en un contexto donde las autoridades internacionales y mexicanas estrechan la cooperación para cortar las vías financieras que nutren a grupos criminales. Para el sistema financiero, esto significa adaptar filtros, ampliar análisis de redes y elevar la alerta sobre transacciones que antes pasaban inadvertidas.
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